Sinaloa — La violencia entre las facciones del Cártel de Sinaloa, “Los Chapitos” y “Los Mayos”, ha escalado a niveles alarmantes en el estado, extendiéndose en las últimas semanas a por lo menos 13 municipios más allá de Culiacán, con un saldo devastador: alrededor de 1,200 asesinatos, 1,400 personas desaparecidas y más de 500 familias desplazadas desde que estalló la pugna interna hace ocho meses.
Balaceras, emboscadas, bloqueos carreteros, incendios a viviendas y ataques contra civiles y fuerzas de seguridad se han vuelto parte del día a día en Salvador Alvarado (Guamúchil), Mocorito, Guasave, Badiraguato, Navolato, Angostura, Escuinapa, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Cosalá, Eldorado y Elota.
La violencia ha afectado profundamente a niñas y niños. Datos de la Fiscalía General del Estado revelan que 39 menores han sido asesinados y al menos 120 están desaparecidos. Además, unos 60 planteles escolares en zonas rurales han cerrado sus puertas, obligando a suspender las clases presenciales.
La situación se agravó tras la detención en julio de 2024 de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, presuntamente como resultado de una traición de “Los Chapitos”. Desde entonces, la violencia no ha cesado ni un solo día, y en la primera semana de mayo se registraron al menos 53 homicidios, incluidos los de dos niñas y cuatro policías, así como 15 bloqueos y ataques a 20 viviendas.
A pesar de la magnitud de la crisis, ni el Gobierno estatal ni el federal —ambos encabezados por Morena— han ofrecido una explicación clara sobre la expansión del conflicto. Circulan rumores de una supuesta narcoalianza entre Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, y Fausto Isidro Meza, “Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave, aunque no han sido confirmados oficialmente.
El impacto económico es igualmente severo. Según estimaciones del Colegio de Economistas y la Coparmex Sinaloa, las pérdidas superan los 8 mil millones de pesos. El IMSS reporta la pérdida de más de 15 mil empleos formales, mientras que Culiacán y Mazatlán, dos de los principales polos turísticos y comerciales, presentan un panorama desolador: cientos de negocios cerrados, caída del 70% en las ventas de vivienda y una reducción del 30% en la comercialización de autos.
Además, al menos 100 proyectos inmobiliarios fueron suspendidos, según la Canadevi, afectando directamente al sector construcción.
En medio de todo esto, la percepción de inseguridad se dispara. La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) posiciona a Culiacán y Mazatlán entre las ciudades donde la población se siente más insegura del país. No obstante, la respuesta del Gobierno estatal ha sido la negación y la falta de acción contundente, lo que ha generado una creciente indignación ciudadana frente a un estado que, para muchos, ya vive bajo una crisis profunda y silenciada.
