CANCÚN, 14 de septiembre.— En un acto descarado de corrupción, funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en Quintana Roo están desempolvando juicios laborales olvidados en cajones para fabricar sentencias multimillonarias y llenarse los bolsillos antes de que las Juntas desaparezcan, cediendo su competencia a los nuevos Tribunales Laborales.
Este esquema, en colusión con autoridades laborales y bancos, amenaza con hundir a pequeños negocios y grandes empresas mediante embargos injustificados.
Se ha revelado que con el presunto aval de altos funcionarios de la Secretaría del Trabajo, las Juntas de conciliación en el Estado, están reactivando expedientes abandonados o creando casos ficticios con trabajadores inexistentes y salarios inflados.
Estos juicios, que nunca fueron atendidos en su momento, se procesan ahora con rapidez sospechosa para ejecutar embargos millonarios, beneficiando a los involucrados con jugosas ganancias ilícitas. Los bancos, cómplices en el esquema, facilitan la ejecución inmediata de estas sentencias, lucrando con comisiones y movimientos financieros.
“Las Juntas saben que su tiempo se acaba y quieren irse con las manos llenas, dejando a los empresarios en la ruina”, denuncian afectados, quienes también enfrentan extorsiones por “derecho de piso” y trámites municipales costosos. Esta maniobra de última hora no solo destroza la economía de PYMES y empresas clave en el turismo, sino que pone en riesgo la confianza en el sistema judicial laboral de Quintana Roo, justo cuando los Tribunales Laborales asumen el control.
La ciudadanía y el sector empresarial exigen una auditoría urgente para frenar este saqueo institucional. La inseguridad jurídica generada por estas prácticas amenaza con ahuyentar inversiones y agravar la crisis económica en un estado dependiente del turismo.
