CIUDAD DE MÉXICO, 29 de marzo.- Más de 200 organizaciones y 230 personas han exigido al Gobierno mexicano una serie de medidas en defensa de los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo tras el incendio que ocurrió en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, que dejó al menos 40 personas fallecidas y más de 20 lesionadas.
En una carta dirigida a autoridades federales, estatales y municipales, las organizaciones manifestaron su rechazo a la categorización de los espacios de detención y privación arbitraria de la libertad en las “estancias” migratorias, exigiendo que el Gobierno deje de utilizar eufemismos como “alojamiento” o “albergues” para referirse a estos lugares.
Además, responsabilizan al Gobierno federal por la ausencia de protocolos y políticas de estado para garantizar los derechos y protección de los migrantes.
La carta hace cuatro exigencias específicas: al Gobierno municipal de Ciudad Juárez, el cese inmediato de los operativos de detención, la renuncia inmediata de las autoridades municipales responsables, el alto a los discursos de odio y estigmatización hacia los migrantes y una disculpa pública del presidente municipal. Al INM, se exige que se responsabilice y explique lo sucedido, garantías de no repetición, facilitar el ingreso a organizaciones de la sociedad civil para la documentación, y no contratación de personal militar y alto a la militarización de las fronteras.
Al Congreso de la Unión, se pide la eliminación de la detención por razones migratorias y la acatamiento del resolutivo de la Suprema Corte de Justicia que declara inconstitucional el procedimiento de revisión migratoria que deriva en la detención y alojamiento en estaciones migratorias del INM.
Finalmente, se exige al Gobierno federal la garantía de acceso a servicios de salud, la identificación y entrega digna de restos a familias de las personas fallecidas, asumir los costos de repatriación, investigar los hechos y garantizar que no quede en impunidad, y la destitución e inhabilitación del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.
