Del 2018 al 2022 se habrían registrado un total de 8 mil 647 abortos en Quintana Roo, de acuerdo con datos de la Dirección General de Salud (DGIS), por lo que es importante establecer políticas públicas reales que permitan a las mujeres contemplar opciones antes decidir interrumpir un embarazo.
Según subraya Enrique Torres López, coordinador nacional de la organización de Gestión Política (GESPO) la mujer embarazada debe contar con toda la información necesaria, además de que sea atendida durante los nueve meses de gestación y que se le garanticen estos servicios de salud.
Explicó que en los casos de mujeres violentadas que son provida y toman la decisión de tener a su bebé, se tienen que generar políticas públicas para ellas, no solo en el tema de que hay que cuidarlas, sino apoyarlas en todos los aspectos y en cuestiones más prácticas.
Destacó que el gobierno, tal y como lo hacen las asociaciones civiles, deben apoyar a las mujeres que se encuentran en esta condición, tal y como se realiza ahora en el país donde estudiantes, discapacitados y adultos mayores reciben becas y pensiones. Dijo que está comprobado que una joven que fue violentada y se practica un aborto no logra recuperarse completamente de ese trauma y es por ello que se tienen que trabajar mucho en el plano de educación en la salud.
“Una mujer invariablemente se acuerda de la fecha que iba a nacer su hijo, y puede ser que esa parte psicológica prevalezca durante toda la vida”, resaltó.
En su visita a Cancún, Lupe Batallán activista provida, dijo que con la legalización del aborto en diferentes países, hoy en día el aborto se ha convertido en un negocio a nivel mundial, ya que puede costar hasta mil 500 dólares, y se practica uno cada 97 segundos en el mundo.
