La institución a cargo de Alejandro Gertz Manero también ordenó integrar un equipo especial para realizar “investigación exhaustiva de los hechos” ocurridos hace 18 años.
Esta investigación fue asignada al fiscal Abel Galván Gallardo, extitular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.
“Se advierte que el Fiscal General de la República, mediante oficio, instruyó la integración de un equipo especial de investigación y litigación responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, retomar y concluir los procesos penales vinculados con los hechos que dieron como resultado el homicidio en contra de, así como cualquier otra investigación relacionada con el caso o con las personas implicadas en el mismo. Por lo que, mediante acta del 4 de abril de la presente anualidad, se integró dicho equipo Especial de Investigación y el 6 de junio del año en curso se radicó la averiguación previa a cargo del aludido licenciado, agente del Ministerio Público de la Federación”, se lee en el resumen transmitido por instancias judiciales.
Las primeras acciones tras la reapertura
Las primeras acciones ya se emprendieron en esta reapertura de la investigación. Los fiscales a cargo del caso solicitaron a la directora General del Sistema Institucional de Archivo de la Cámara de Diputados de la LXV legislatura, copias de las constancias del expediente que fue integrado por la Comisión Especial para el Caso.
También se recurrió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que es presidida por Rosario Piedra, para solicitarle copia de las quejas y/o denuncias que han sido interpuestas por Mario Aburto o por sus familiares.
A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se le pidió inscribir a las víctimas directas en el Registro Nacional de Víctimas.
A la Policía Federal Ministerial se le solicitó designar personal para que se encarguen de buscar inmediatamente a “las personas de interés” para la investigación.
