CIUDAD DE MÉXICO, 8 de septiembre.- La Agencia Nacional de Aduanas de México y la Fiscalía General de la República (FGR) preparan más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo en distintas aduanas del país, señalados por su presunta participación en la red de “huachicol fiscal”, que durante años facilitó el contrabando de combustibles hacia México.
Entre los acusados no sólo figuran empleados civiles, también hay militares y empresarios, destacando el nombre del exgobernador de Baja California y militante panista Ernesto Ruffo Appel. Según fuentes federales consultadas por EL UNIVERSAL, desde el 1 de agosto de 2025 se han comenzado a tramitar las órdenes de aprehensión en juzgados federales y locales, a petición de la FGR.
La magnitud del problema quedó de manifiesto el pasado 7 de julio, cuando se aseguró en Coahuila el cargamento más grande hasta ahora: 15 millones de litros de combustible ilegal. A raíz de ese golpe, las investigaciones se aceleraron y se han multiplicado las suspensiones y desvinculaciones de personal en las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada.
Apenas este domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de 14 personas ligadas al contrabando, luego del decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas. Entre ellos se encuentran tres empresarios, cinco marinos en activo, un exmarino y cinco exfuncionarios de aduanas.
De acuerdo con información obtenida por El Gran Diario de México, en los próximos días también se librarán órdenes de aprehensión contra personas morales vinculadas a la red. Una de las más relevantes corresponde a Ernesto Ruffo Appel, señalado como socio mayoritario de la empresa Ingemar S.A. de C.V., relacionada con el decomiso de 15 millones de litros en Coahuila.
Ingemar, fundada en 2018, se registró inicialmente para actividades inmobiliarias y de construcción, pero en 2019 modificó su objeto social para entrar al sector energético. En 2021, José Merino Valdés Cuervo incorporó a Ruffo Appel como socio principal, y en 2023 la empresa consiguió un permiso federal para importar 500 millones de litros de gasolinas y diésel, pese a la política restrictiva de aquel entonces.
Tras el aseguramiento de carrotanques de la empresa, Ruffo Appel se deslindó de toda responsabilidad. En entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró tener la “conciencia tranquila” y estar dispuesto a colaborar con las autoridades: “Aquí estoy en México, listo si me llaman”.
El exgobernador responsabilizó a las comercializadoras y precisó que Ingemar sólo trabajaba con Crismón Hidrocarburos y Derivados, una compañía asignada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Aseguró que su empresa únicamente contaba con un permiso de importación, pero no con licencia de comercialización.
Las investigaciones confirman que la operación del huachicol fiscal se articuló en los niveles más altos. De hecho, la SSPC reportó la detención del vicealmirante de Marina Manuel Farías Laguna, acusado de contrabando, junto con otros funcionarios.
El esquema revelado muestra que agentes y funcionarios aduanales simulaban la entrada de aditivos químicos y desechos industriales, cuando en realidad ingresaban cargamentos millonarios de gasolina y diésel. Los registros oficiales indicaban “aceite quemado” o “sosa cáustica”, pero los barcos y trenes transportaban combustible ilegal.
Entre los casos emblemáticos figuran el aseguramiento del buque High Challenge en marzo pasado en Tampico, que pretendía introducir 50 millones de litros; el Torm Agnes de la empresa china Tianjin Yuanhan con 10 millones de litros; y el Challenge Procyon con bandera de Singapur con 20 millones de litros.
Por tierra también se replicaba la estrategia: el 23 de junio la fiscalía interceptó en Nuevo Laredo 80 pipas y 100 carrotanques con unos 20 millones de litros. Todo ello bajo registros falsos de aditivos y desechos.
El incremento del contrabando provocó que desde abril de 2025 se desplegara un operativo especial en seis aduanas del norte del país, con retenes aleatorios en Matamoros, Reynosa, Nogales, Sonoyta, Mexicali y Tijuana, apoyados por la Guardia Nacional. Informes oficiales indican que sólo entre enero y marzo de este año, diez buques descargaron ilegalmente combustible en el puerto de Tampico, generando ganancias multimillonarias.
La FGR también ha ampliado el foco hacia importadores, distribuidores y comercializadores, cuyas licencias les permiten mover hidrocarburos desde refinerías hasta gasolinerías. Según cifras de la CRE, entre 2015 y 2024 se admitieron 983 solicitudes de permisos de comercialización, de las cuales 586 siguen vigentes.
Hoy las pesquisas ya no se limitan a agentes aduanales: las empresas privadas son consideradas piezas clave en la cadena del huachicol fiscal que, por años, generó fortunas a costa del erario.
