CIUDAD DE MÉXICO, 14 de agosto.- Todo parece indicar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se prepara para tomar acciones contra una de las agrupaciones de la sociedad civil que ha identificado como uno de sus principales adversarios: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La organización ha sido señalada por recibir financiamiento del gobierno de Estados Unidos, lo que, según el presidente, constituye una injerencia en asuntos que competen únicamente a la soberanía de México.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló datos sobre los recursos que MCCI ha recibido desde el extranjero, incluyendo un total de 96 millones 740 mil 613 pesos provenientes de la embajada de Estados Unidos en México entre 2018 y 2024. Además, la UIF destacó que la organización ha recibido más de 13 millones de pesos de diversas fundaciones estadounidenses, como The Ford Foundation y Rockefeller Brothers Fund, Inc.
En respuesta a estos hallazgos, López Obrador anunció que enviará una carta al presidente de Estados Unidos para expresar su preocupación por lo que considera una intervención en los asuntos internos del país. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitirá una nota diplomática para denunciar la situación.
El presidente también indicó que pedirá a la procuradora fiscal y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una revisión exhaustiva de los donativos recibidos por MCCI, con el fin de determinar si se ajustan a las leyes mexicanas.
Ante la posibilidad de que se le retire a MCCI la autorización para recibir donaciones, Pablo Gómez aclaró que esa decisión corresponde a la autoridad fiscal, e instó a los dirigentes de la asociación, María Amparo Casar y Claudio X. González, a dar a conocer estos datos públicamente.
Según la UIF, desde su creación en 2015, MCCI ha recibido más de 502 millones de pesos en donaciones tanto nacionales como internacionales, los cuales han sido utilizados para pagos a colaboradores, sueldos y otros conceptos operativos. La organización, que se dedica a investigar la corrupción y proponer mejoras legales, ha sido un crítico constante del gobierno de López Obrador, lo que ha llevado a una creciente tensión entre ambas partes.
