Una juez argentina desestimó las acusaciones hechas contra el ex candidato del PRD a gobernador de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, por “lavado” de dinero y evasión fiscal en la compra de un terreno de 950 hectáreas, que involucró el pago de dos millones de dólares mediante cheques certificados el año pasado.
El ex alcalde de Benito Juárez, quien ha enfrentado varios casos relacionados con delincuencia organizada y siempre está en foco de la atención por su riqueza, inexplicable para muchos, fue quien dio a conocer personalmente el fallo de la justicia argentina.
La acusación fue hecha por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina que, a decir de “Greg” Sánchez, no presentó una sola prueba para acreditar las imputaciones hechas.
Sánchez Martínez responsabilizó al entonces presidente Felipe Calderón, de haber “orquestado” una supuesta campaña de persecución en su contra, que todavía continúa, toda vez que la AFIP inició sus averiguaciones y actuaciones en Argentina a partir de noticias publicadas en prensa sobre los presuntos vínculos de “Greg” con el crimen organizado.
Adelantó que “valora” presentar una demanda por daño moral ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la AFIP, debido al perjuicio que le ocasionaron a su imagen pública, a la de su esposa, Niurka Sáliva, y a su hijo de 4 años.
“Fui víctima de una campaña de difamación orquestada y dirigida. La denuncia penal fue hecha por la AFIP de la delegación de Posadas, basada en noticias en Internet. Esto prueba que el daño moral derivado del encarcelamiento de Felipe Calderón me sigue persiguiendo.
“Quiero decirles que mi equipo jurídico valora denunciar a la FIP en México y en Argentina, ante la Corte Interamericana por daño moral; no se puede hacer escarnio de alguien sin tener pruebas. Ni siquiera me preguntaron”, expresó.
El 13 de mayo de 2014, el gobierno de Argentina, a través de la AFIP, anunció oficialmente que “Greg” era objeto de una denuncia por lavado de dinero y evasión de impuestos, debido a la compra “no bancarizada” de un terreno de 930 hectáreas en la provincia de Entre Ríos, en donde se construyó una lujosa vivienda.
“La juez emitió sentencia en la que desestima las acusaciones de la AFIP y el fiscal cierra el caso y archiva el expediente. Es caso juzgado e inapelable”, subrayó el ex candidato a senador y a diputado, quien se dijo “con la frente en alto”.
El 7 de agosto pasado, tres propiedades de “Greg” fueron embargadas en Cancún por orden de un Juez de lo Civil radicado en el Distrito Federal.
La medida fue resultado de un juicio mercantil y penal, promovido por el empresario Steve Santander, quien demandó en 2009 al entonces edil por el impago de pagarés por 10 millones de dólares, usados para financiar el último tramo de su campaña a la presidencia municipal, en 2008.
Al respecto, el actual militante del Partido del Trabajo (PT) respondió que los embargos pueden revertirse, pues el juicio aún no concluye.
