Ciudad de México, 3 de junio de 2025.
En un giro histórico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz se perfila como el próximo presidente del máximo tribunal del país, de acuerdo con las tendencias del Instituto Nacional Electoral (INE), que reporta más del 87% de las actas computadas. Aguilar será el primer indígena en ocupar la presidencia de la SCJN por elección popular y el segundo en la historia del país, marcando el inicio de una nueva era en la integración del Poder Judicial.
Aguilar Ortiz, actual coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ha sido un actor clave en los procesos de consulta indígena para megaproyectos emblemáticos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También lideró la redacción de la propuesta de reforma constitucional en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Originario de Tlaxiaco, Oaxaca, Hugo Aguilar ha construido una carrera en defensa de los derechos de las comunidades originarias, siendo asesor legal de más de 25 pueblos indígenas, así como participante activo en los diálogos de San Andrés en los años noventa. Es egresado de la UABJO con estudios de licenciatura y maestría en Derecho Constitucional, y fue galardonado en 2001 con el Premio Nacional a la Juventud Indígena.
Un nuevo perfil para la Corte
Con Aguilar al frente, la nueva integración de la Corte estará conformada por perfiles ligados al proyecto político de la Cuarta Transformación (4T), sin carrera judicial en el Poder Judicial Federal, lo que representa una ruptura con la tradición de equilibrio entre jueces de carrera y juristas externos. Entre los electos destacan:
- Lenia Batres Guadarrama, ministra en funciones y hermana del director del ISSSTE, Martí Batres. Fue asesora de Claudia Sheinbaum y ha trabajado en áreas jurídicas del Gobierno capitalino.
- Yasmín Esquivel Mossa, ministra designada en 2019 por AMLO, conocida por el escándalo de plagio en su tesis doctoral, aún sin resolverse completamente.
- Loretta Ortiz Ahlf, exdiputada de Morena y académica especializada en derechos humanos, fue nombrada ministra en 2021.
- María Estela Ríos, exconsejera jurídica de la Presidencia y abogada sindical con amplia trayectoria en el ámbito laboral.
- Sara Irene Herrerías, actual fiscal especializada en derechos humanos de la FGR, con formación en criminología y política criminal.
- Giovanni Figueroa Mejía, académico e investigador en derechos humanos con estudios en Europa y experiencia como asesor en el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral.
- Irving Espinosa Betanzo, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, cercano a figuras como Ernestina Godoy y al entorno legislativo de Morena.
- Arístides Guerrero, excomisionado de transparencia capitalino, conocido por su estilo irreverente y campaña llamativa como “el ministro chicharrón”.
Una Corte sin jueces de carrera
Ninguno de los nuevos ministros proviene del sistema judicial federal, lo que excluye a destacados magistrados y jueces como Sergio Molina, Fabiana Estrada, Marisol Castañeda y Paula García Villegas, todos con experiencia comprobada en el Poder Judicial.
La llegada de estos nuevos perfiles a la SCJN, impulsados por voto popular y una estrategia de promoción liderada por Morena y aliados, representa una transformación inédita en la historia del país. Aunque la constitucionalidad y eficacia de este modelo serán evaluadas a largo plazo, el cambio ya está en marcha: la Corte mexicana se prepara para una nueva etapa, guiada por una visión distinta a la tradicional carrera judicial.