CANCÚN, 13 de agosto.— El polémico magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal ordenó la liberación de Carlos Alberto “N”, sentenciado a 25 años de prisión por el feminicidio de Ana Gómez, trabajadora del hotel Hard Rock en Puerto Aventuras.
La resolución de la Novena Sala Especializada en Materia Penal, bajo el expediente 42/2022 y la resolución 76/2025, anuló la condena dictada en abril de 2024, al considerar que existió “falta de pruebas” en el caso.
Lima Carvajal, quien en su momento también emitió resoluciones polémicos en beneficio del pederasta Jean Succar Kuri, ya fallecido, tomó lla decisión de liberar al feminicida pese a que la Fiscalía General del Estado presentó como evidencias videos de seguridad, testimonios de testigos y la confesión del acusado.
Lima Carvajal es magistrado desde que fue nombrado por el Congreso a propuesta del gobierno de Roberto Borge Angulo.
El feminicidio ocurrió el 18 de diciembre de 2020, alrededor de las 15:41 horas. Imágenes de cámaras de vigilancia mostraron a Carlos Alberto “N” siguiendo a la víctima, de 21 años, desde el área de cocina del hotel hacia la zona de selva que rodea el complejo.
Luego de conocerse los hechos, hubo marchas de protesta de grupos feministas en Cancún y la Riviera Maya.
En su declaración ministerial, el acusado relató que la atacó físicamente y posteriormente la estranguló. El cuerpo de la joven fue localizado diez días después, lo que provocó protestas de colectivos feministas y compañeros de trabajo.
El detenido fue capturado el 30 de diciembre de 2020, en su centro de trabajo y con el uniforme de guardia de seguridad.
Tras el juicio, fue encontrado culpable y condenado. Sin embargo, en 2025, su defensa apeló argumentando deficiencias en la integración de la carpeta de investigación.
El magistrado Lima Carvajal resolvió a favor de la apelación y ordenó su liberación inmediata del Centro Federal de Readaptación Social en Coahuila.
La decisión ha generado críticas de organizaciones civiles y familiares de la víctima, quienes consideran que el fallo representa un retroceso en la lucha contra la impunidad en casos de violencia de género en Quintana Roo.
La Fiscalía ya anunció que apelará el fallo.
