Con el realojo de sus habitantes en caravanas con calefacción en la misma zona o su traslado a centros de acogida dispersos por todo el país, Francia pretende terminar con un campamento convertido en símbolo de la miseria y las dificultades que viven los migrantes y refugiados en su suelo y, de paso, reducir la tensión social en la zona.
Las organizaciones humanitarias, sin embargo, denuncian la violencia con la que se está realizando la operación.
La Policía entró en “la Jungla” de Calais a las 9:00 horas locales. La consigna desde el Ministerio del Interior es la de no emplear la violencia, sino la persuasión.
La mayoría de los habitantes del asentamiento se niega a abandonar la zona, tan próxima a su meta británica.
Ocho organizaciones humanitarias intentaron paralizar el desalojo recurriendo a la Justicia, pero el jueves pasado una juez, tras visitar el campamento, dio la luz verde al desmantelamiento de la zona sur donde todavía se alzan las miserables guaridas de plástico.
Este lunes, a medida que algunos de sus moradores acceden a abandonar las chozas en las que duermen, unos operarios se encargan de tirarlas y despejar las húmedas dunas donde están instaladas.
Por orden judicial, en pie sólo quedarán los refugios comunes -también levantados por los migrantes-, como la iglesia, la escuela o la biblioteca.
A lo largo de la mañana, la tensión fue creciendo. Varias casas fueron pasto de las llamas, algunos migrantes lanzaron piedras a la Policía y esta llegó a lanzar alguna granada lacrimógena.
“Una de ellas le ha dado a un niño en la pierna”, asegura una voluntaria de la organización Solidaridad Laica, que se queja de los agentes no está permitiendo el paso a las ONG.
“No quieren testigos”, protestó.
Movilizaciones
Aunque la idea, según el Gobierno, es evitar que la gente siga viviendo al raso, Francia vivió en los últimos meses una gran movilización contra la existencia de “la Jungla”, pero también contra su desmantelamiento.
Los refugiados (sirios, afganos, paquistaníes, sudaneses…) no quieren abandonar la zona, y muchos huyeron hacia el norte.
Bélgica, temerosa de que se instalara en su suelo otra “jungla”, impuso controles fronterizos el martes de la semana pasada. Desde entonces, la Policía del país vecino devolvió a Francia a 619 personas, según informó France Presse.
Buena parte de los refugiados también se niegan a ser trasladados a centros de acogida de otras zonas galas porque, como condición previa, deben ser identificados.
A partir de ese momento, si deciden pedir asilo deben hacerlo en Francia, cuando su objetivo es hacerlo en Gran Bretaña. Las ONG temen que el miedo y los desalojos empeoren sus condiciones de vida.
Desde finales de año, tras una primera sentencia judicial que obligaba a proveer a los refugiados de servicios higiénicos mínimos, el Ministerio del Interior envió a decenas de refugiados a otros centros de Francia y, desde enero, caravanas y contenedores con calefacción acogen a cientos de ellos en el mismo lugar.
Algunos de los hoy desalojados irán a parar a estas estrechas instalaciones situadas en el norte del campamento.
El actual desmantelamiento, que afectará a entre 800 y 2 mil personas, durará varias semanas. El Ministerio de la Vivienda va a proporcionar 500 plazas adicionales, según anunció esta misma mañana, pero todavía quedarán chozas en pie en otras zonas de “la Jungla”.
Las insalubres condiciones de vida de los refugiados y los peligrosos asaltos a barcos y camiones que cruzan el Canal, en los que a veces se dejan la vida, generaron tensiones en la zona, donde está fuertemente implantado el Frente Nacional.
Situada a cinco kilómetros del centro de Calais, “la Jungla” ha sido durante años un campamento al raso en el que ahora las organizaciones estiman que viven 3 mil 450 personas; de ellas, 438 menores no acompañados.
Agencias
