El Senado estadounidense comenzó el lunes el proceso de confirmación de la jueza Amy Coney Barrett, la jueza conservadora nominada por el presidente, Donald Trump, para la Corte Suprema de Estados Unidos, pocas semanas antes de las elecciones.
“Tendremos una audiencia con la esperanza de que el país aprenda más sobre la juez Barrett, la ley y las diferentes formas de juzgar”, dijo la presidenta del Comité Judicial del Senado, Lindsey Graham, al iniciar el proceso.
Graham elogió a la jueza Ruth Bader Ginsburg, cuya muerte en septiembre abrió el camino para la nominación de Barrett. “Vamos a llenar esa vacante con otra gran mujer”, dijo.
La magistrada conservadora de 48 años fue seleccionada el 26 de septiembre por el presidente republicano para suceder al ícono feminista y progresista Ruth Bader Ginsburg, falledida ocho días antes de cáncer.
Conforme la Constitución, ella debe obtener el aval del Senado para entrar al templo del derecho estadounidense, donde ya cinco de los nueve miembros son jueces conservadores.
Los demócratas y su candidato, Joe Biden, reclaman esperar el veredicto de las urnas antes de buscar llenar ese puesto, designado de por vida y extremadamente influyente, pero Trump quiere avanzar lo más rápidamente posible para satisfacer a los electores de la derecha religiosa.
El lunes por la mañana, presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Lindsey Graham, dejó claro la intención de su bancada: “Ayudar al presidente Trump”, quien está detrás de Biden en las encuestas a tres semanas de las elecciones.
“Si quieren pelea por Amy Barrett, la tendrán”, dijo a Fox en referencia a los demócratas mientras la jueza se dirigía al Congreso con su familia.
Barrett está bien vista en los círculos cristianos tradicionales, con los que comparte valores, empezando por una oposición declarada al aborto y una adhesión al concepto de pareja como la unión “de un hombre y una mujer”, según una carta enviada al papa en 2015
Católica practicante, madre de siete hijos, incluidos dos adoptados de Haití y un pequeño con síndrome de Down, en algún momento declaró tener por “causa” servir al “reino de Dios”.
Su pertenencia a un pequeño grupos de católicos, People of Praise, que siguen ritos alejados del canon oficial, es objeto de atención especial en los últimos días.
Pero la magistrada, con una reputación de hacer argumentos jurídicos minuciosamente trabajados, afirma que sabe distinguir sus convicciones personales de su labor como jueza.
Ante los senadores, debería subrayar que se esfuerza siempre por hacer “todo lo posible para llegar al resultado requerido por la ley, cualesquiera que sean mis preferencias personales”.
“Las cortes no están hechas para resolver cada problema o corregir cada error en nuestra vida pública. Las decisiones de política pública (…) deben tomarse por las ramas políticas que son elegidas y rinden cuentas al pueblo”, debería decir en su presentación, publicada por varios medios.
Además del desempeño de Barrett en la audiencia, los observadores también estarán atentos a una integrante en particular de la comisión judicial, encargada del interrogatorio: la senadora Kamala Harris, compañera de fórmula de Biden.
Los defensores de la magistrada consideran que es víctima de hostilidad por su devoción.
“Los ataques permanentes de los demócratas en el Senado y los medios sobre la fe de la jueza Barrett son una vergüenza”, dijo el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell.
“Esperamos que reciba una audiencia justa y que no veamos el tipo de ataques contra su fe cristiana”, apuntó el vicepresidente, Mike Pence, durante su debate con Harris.
En un país donde solo un cuarto de la población se declara atea o sin religión, la senadora demócrata tuvo cuidado de evitar el escollo.
“Joe Biden y yo somos personas de fe y es insultante que se sugiera que podríamos atacar a alguien por su fe”, respondió Harris.
Sin referirse a la magistrada, Harris repitió que era imposible confirmarla luego que “cuatro millones de estadounidenses ya votaron” anticipadamente.
E insistió sobre el hecho de que una Corte Suprema modificada podría anular la emblemática ley de salud del expresidente Barack Obama, que expandió la cobertura de los seguros médicos a millones de personas.
