San José.— En un momento de profunda conmoción social y económica en medio del fragor de la guerra contra el Covid-19, al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se le ocurrió irse tres días de vacaciones del 7 al 10 de agosto pasados a un hotel de lujo frente al mar con Claudia Dobles, su esposa, y con Gabriel, hijo único de la joven pareja.
Cubierto por el secreto, lo que sería un intrascendente viaje de placer terminó en un escándalo político: la Fiscalía General de Costa Rica abrió una investigación al presidente por presunto enriquecimiento ilícito, para verificar “si existió o no alguna conducta delictiva”, y el episodio turístico derivó en una nueva trifulca política y en otro ejemplo del confuso rumbo del gobierno.
El caso, sin llegar todavía a acusación, busca determinar si Alvarado aceptó donaciones por gastos en helicópteros, hospedajes y alimentación, entre otros. Una ley de anticorrupción de Costa Rica establece que esos donativos a funcionarios públicos están prohibidos, en prevención del tráfico de influencias.
Al advertir que hay “un claro exceso” en la gestión de la Fiscalía en su contra, Alvarado replicó que “no existe delito alguno que investigar. Darse un descanso en un fin de semana, visitar un hotel o viajar vía aérea hacia y desde este, pagando los gastos que ello implica, no es ni puede ser delito.
“Es un derecho de la Fiscalía emprender las investigaciones que estime pertinentes y lo respetamos. Pero el apego a la razón, a la lógica y a la ley deja absolutamente claro que aquí no hay delito alguno. Tenemos total confianza en que no hay fundamento alguno para esta investigación”, recalcó.
El mandatario también es indagado por prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales por una polémica unidad de análisis que debió desmantelar en una oleada política de acusaciones de espionaje, en otra tormenta que se apaciguó momentáneamente porque el ataque del coronavirus copó la atención desde marzo. “La principal función de un presidente es generar confianza. Alvarado no la genera”, dijo el politólogo y analista costarricense Claudio Alpízar, director del (no estatal) ENCO Comunicación y Asesoría Política, de esta ciudad.
“Es innecesario tomarse unas vacaciones a escondidas. Eso solo genera dudas y desconfianza. Todos estamos en nuestro derecho al descanso y a buscar el retiro, sólo que algunos deben comunicarlo a su jefe, más cuando este es el pueblo”, aseguró Alpízar a EL UNIVERSAL.
Los confusos entretelones del viaje a una paradisíaca playa sobre el océano Pacífico se sumaron a una secuencia de líos por la que el mandatario pagó una elevada factura política y dilapidó un robusto capital electoral que le catapultó al poder en mayo de 2018.
Con el azote de la tempestad política en la mitad de su cuatrienio, Alvarado quedó arrinconado en 2020 en la peor crisis económica de Costa Rica en 40 años y se hundió en un incontenible proceso de impopularidad por el descontrol del coronavirus, el creciente descontento social y las frecuentes desavenencias y fisuras en su gabinete.
Unas 300 mil personas su unieron en la pandemia a unas 300 mil sin trabajo antes de la emergencia sanitaria y cifras oficiales subieron el desempleo a 24%. La iniciativa privada exigió señales claras del gobierno para recuperar la maltrecha economía.
Y en las redes sociales surgió una advertencia: si Alvarado fracasó en evitar que tres días de vacaciones se convirtieran en otra sacudida política, tampoco podrá diseñar una reactivación económica.
