Conforme a la investigación de Novedades Quintana Roo, no solamente funcionarios de la pasada administración incrustados tanto en la Secretaría del Trabajo como en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, más políticos y empresarios, todos ellos “amafiados”, llevaron a cabo multimillonarios despojos inmobiliarios mediante falsos juicios laborales, también se apoderaron ilegalmente de bienes inmuebles en complicidad con notarios públicos y autoridades del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el estado.
En uno de los casos, por la vía de los despojos laborales, resulta que una falla técnico-jurídica dentro del procedimiento de embargo regresó a las manos de su legítimo dueño un total de 63 condominios de lujo en el “corazón” del Caribe mexicano con valor comercial de 360 millones de pesos; y en otro ejemplo, sí lograron la comercialización de nueve departamentos de lujo en 46 millones de pesos.
De esta forma, en el campo de la maquinación de despojos inmobiliarios por la vía de la fe pública quedó en evidencia cómo notarios, políticos, empresarios de Quintana Roo, Yucatán, Ciudad de México y Monterrey; se coludieron en una organizada red por la cual obtuvieron jugosas ganancias entre 2015 y 2016 con la venta “amañada” de nueve departamentos de lujo en 46 millones de pesos.
En este último caso, de acuerdo con los representantes jurídicos de Torres Maiori, todo inició con la posesión ilegal de 19 departamentos de lujo en 2011 y cuatro años después con la liberación de las respectivas escrituras bajo el cobijo y fe pública de Yolanda Solis Olveres, titular de la Notaría 22, ubicada en el territorio de Isla Mujeres.
Uno a uno de los “supuestos” dueños de cada departamento, presentó títulos de propiedad a la administración del complejo residencial, pues con esto obtuvieron el pase automático para materializar la estafa.
A precio de remate
Aldo Francisco Resendiz Martínez, Julián Juárez Tejeda, David Martínez Ramos, Eyder Alfredo Campo Villanueva y Juan Daniel Mendoza Flores se hicieron dueños, de un día para otro, de nueve condominios de lujo bajo la fe pública de la Notaría 22.
Ante estos hechos, la empresa Torres Maiori inició investigaciones y corroboró con el banco acreedor Bankia, la adquisición de las viviendas reclamadas, supo entonces que el banco no había firmado ninguna escritura de dichos inmuebles e iniciaron la denuncia penal por fraude y despojo AP/ZN/CAN/01/03/3358/6-2015.
Aldo Francisco Resendiz Martínez, ex secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en Benito Juárez, durante la administración del alcalde suplente, Jaime Hernández Zaragoza en 2010, fue el primero en tomar posesión de dos condominios de lujo (números interiores 40 y 73). De acuerdo con el ex funcionario, la adjudicación se concretó en 2011 y cuatro años después ante el Registro Público de la Propiedad bajo la fe de la Notaría 22. Después le siguieron: Julián Juárez Tejeda; David Martínez Ramos y Eyner Alfredo Campo Villanueva, -este último relacionado con los despojos en el municipio de Tulum y persona cercana del diputado federal Juan Carlos Pereyra-; quienes reclamaron cinco condominios más (los números 18, 19, 27, 74 y 91).
Según investigaciones, cinco de los nueve condominios se vendieron entre los tres y cuatro millones de pesos, 40 y 60% menos de su valor; los cuatro restantes acercaron su precio al valor comercial de siete millones de pesos.
No faltó aquel empresario, político y funcionario público que vio su oportunidad de aprovechar este “remate”, pues era un pase directo para vivir en la zona más exclusiva de Puerto Cancún, lo mejor, para ellos a mitad de su precio.
Entre junio y octubre de 2015 se concretaron las ventas. Ricardo Jesús Zablah Murra, Federico y Ulrika Flicht; Gerardo José Ruiz de Velasco, María del Pilar Bernal de Iturbide, José Luis Goicochea Coste y Olga Lidia Vázquez Bayona, obtuvieron condominios de lujo a precio de ganga.
El modo de operar continuó con Juan Daniel Mendoza Flores, al adquirir dos condominios más y venderlos a Filiberto de la Garza Santos, en junio de 2015 y a Aldo Francisco Resendiz Ruiz (hijo del ex secretario de Desarrollo Urbano en Cancún), quien un mes después lo vendió a Néstor Amado Iraola, Traful S.A. de C.V.
De los 10 condominios restantes se desconoce si hubo reventa, sin embargo se utilizó el mismo modus operandi: adquirieron la posesión del condominio en 2011 y tres años después solicitaron su acceso a los condominios de lujo.
Tardará más de dos años el juicio en el que las autoridades judiciales revisen el caso. El representante legal de la empresa Torres Maiori advirtió que todo el despojo se ejecutó con firmas falsas, tanto del banco acreedor como del personal de la empresa.
Estas propiedades usurpadas ahora son relacionadas con personas de la delincuencia organizada, grupos de cubanos, servidores públicos, notarios, ex funcionarios del Registro Público de la Propiedad (RPP), así como de ex funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otros.
Esto no se va a quedar así
Otra historia la protagonizó el empresario Carlos Hinojosa, propietario del complejo residencial más importante en el “corazón” de la zona hotelera de Cancún, conocido como Pok Ta Pok, y quien sufriera un despojo inmobiliario maquinado desde el interior de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2, quien dijo convencido: “Esto no se va a quedar así, no me voy a estar quieto, ya recuperé Lagoon Loft, ahora voy a limpiar mi nombre”, expresó
Advirtió que lo que pasó no fue una simple lección que servirá como historia de vida, durante la tempestad jurídico-laboral que padeció su nombre quedó desecho, desacreditado ante los ojos de los demás en una “tierra de nadie” al referirse así a Quintana Roo por la falta de certidumbre en la tenencia de a tierra para los inversionistas que apuestan por edificar en la zona norte y que ahora han sido despojados de sus propiedades.
El empresario de Lagoon Loft recuperó 63 condominios residenciales con valor de entre tres a 20 millones de pesos cada uno, inmuebles que dos años atrás le habían sido despojados arbitrariamente por la referida Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún bajo la dirección de Enrique de la Cruz.
Un juicio de revisión ante los juzgados de Distrito le dio la última oportunidad para revertir el despojo, tras un error de tecnicismo jurídico de la notificación de citatorio que emitiera el actuario de la Junta.
Comentó que el actuario debió solicitar la presencia del representante legal, al ser la persona demandada una empresa moral, sin embargo acordó que éste no se había presentado. Este cabo suelto fue la pieza clave para recuperar los 16 mil 300 metros cuadrados de tierra, 63 condominios de lujo en el corazón del Caribe mexicano con valor comercial de 360 millones de pesos.
“Este error procedimental me hizo recuperar mi vida, mis sueños, mi propiedad, mi futuro. Ya habían pasado dos años y la gente que me conocía, amigos, empresarios, funcionarios me pedían que dejara las cosas por la paz, que ya nada se podía hacer, pero no quería comenzar mis 50 años debiendo, entonces me volví un experto en la materia, acudía a diario a la Junta, al Registro Público de la Propiedad, ningún día falté, en las audiencias nunca hubo trabajadores, ninguno de los 21 que presuntamente reclamaron 48 millones de pesos en daños hasta que se desistieron mágicamente de la denuncia”, dijo Hinojosa orgulloso al haber ganado esta batalla legal.
Algunos amigos, empresarios de cadenas de hoteles grandes me piden ahora consejo, yo les digo que deberán estar pendientes desde los juicios laborales hasta el Registro Público de la propiedad porque no solo son trabajadores, también falsifican escrituras, firmas de entidades financieras y se quedan con todo, como lo que pasó en Maiori Tower, que con escrituras falsas vendieron las propiedades al mejor postor.
“Quemaron a la entidad, al estado de Quintana Roo, no hay certeza jurídica en lo absoluto para quien viene con fondos de inversión, yo ya limpié mi nombre y el complejo residencial está limpio, afortunadamente el juicio detuvo la compra venta ya pactada que había orquestado la Junta de Conciliación”, dijo.
Para que Lagoon Loft pueda concluirse se ha proyectado nueve meses de obra, además de 36 millones de pesos, dos veces más de lo que se requería hace dos años.