El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), hizo oficial su postura de rechazo a este “impuesto disfrazado de derecho” que guardaron bajo el brazo los legisladores desde noviembre, cuando Cristina Torres Gómez, la presidenta municipal de Solidaridad, envió la iniciativa a la capital para su aprobación.
La presidenta del CCE, María Elena Mata Pineda, dijo que el rechazo irá más allá de una convocatoria a los medios, pues anunció que en conjunto con la AHRM se ampararán para no ser susceptibles a la aplicación de los 20 pesos que en un año generarían 300 millones de pesos.
Demandarán a Cristina Torres, Eduardo Martínez Arcila y Gustavo Maldonado
Además Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, será demandado por presentar políticas contrarias al desarrollo económico de Solidaridad, al igual que a Cristina Torres y Gustavo Maldonado, el regidor a quien se le atribuye la ocurrencia del impuesto, según Mata Pineda.
Lamentan el doble discurso de Cristina Torres
Por su parte, Andrea Lotito, representante del sector de los pequeños hoteles, lamentó el doble discurso del gobierno municipal porque ofreció acercamientos para consensuar este impuesto pero no fue así.
No se descarta que la publicación en el Periódico Oficial sea el 31 de diciembre, por lo que los jurídicos de la AHRM estarán listos para ampararse de este impuesto.
Impuesto anticonstitucional
Manuel Paredes Mendoza, director de la AHRM, consideró que el cobro es anticonstitucional porque no tiene un sustento jurídico, y deja en clara desventaja especialmente a los pequeños hoteles que son los que tienen menores ocupaciones, y este impuesto diezmará aún más su competitividad.
La noticia de la aprobación del derecho de saneamiento ambiental transformó el tono festivo con la que inició la asamblea de fin de año.
El descontento de los hoteleros se transformó en enojo cuando vieron a la secretaria de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, presente en la reunión, con una postura rígida, insensible y alejada de la concordia política para apaciguar la estocada, y que generó que los empresarios playenses anunciaran amparos y demandas contra quienes atentan contra la estabilidad económica y las fuentes de empleo.
“No hubo ni la intención de convencer o tratar de lidiar con esto. Como si el mensaje fuera que debemos estar dispuestos a aceptar el impuesto”, recordó el empresario Martín Ruiz Cuevas, lo sucedido en el encuentro entre la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) y la funcionaria estatal en la asamblea anual, al mismo tiempo que se aprobaba en el Congreso del Estado, los 20 pesos extras que pagarán los turistas por cada noche de hotel. [Con información de Sipse]
