CANCÚN, 26 de febrero.— La secretaria de Gobierno Cristina Torres Gómez rechazó que las acciones emprendidas contra la empresa Aguakan representen un acto de acoso o una presión política.
Aseguró que el gobierno estatal actúa “en apego a la legalidad y en respuesta a la demanda ciudadana” de terminar con la concesión del servicio de agua potable en el norte del estado.
Durante una conferencia en la que estuvo acompañada por la contralora Reyna Arceo y el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Hugo Garza Sáenz, Cristina Torres denunció que Aguakan ha generado una “contaminación irreversible” por el manejo inadecuado de aguas negras.
Señaló que el litigio contra la empresa se basa en un “profundo hartazgo social” derivado de deficiencias en el abastecimiento de agua, la aplicación del tandeo, cobros indebidos y una mala administración del drenaje sanitario. Además, recordó que en una consulta popular la mayoría de la ciudadanía votó por poner fin a la concesión.
Denuncias legales y corrupción en la concesión
Cristina Torres reveló que el gobierno estatal ha realizado auditorías técnicas, financieras y fiscales, además de análisis de muestras de agua y visitas a plantas de tratamiento. Los estudios confirmaron irregularidades que derivaron en denuncias ante las autoridades competentes.
Uno de los hallazgos más graves, dijo, es que la concesión, otorgada en los años 90, fue prorrogada ilícitamente en 2014 hasta el 2053, con una ampliación al municipio de Solidaridad.
En mayo de 2024, el gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual determinó que existían elementos suficientes para proceder contra directivos de Aguakan por delitos relacionados con la promoción de conductas ilícitas.
Un juez federal ordenó la aprehensión de los directivos involucrados tras concluir que la prórroga se gestionó de manera ilegal a cambio de un pago de 1,055 millones de pesos. Torres Gómez subrayó que el gobierno estatal no tenía facultades para extender la concesión, ya que esta decisión correspondía únicamente a los municipios y al Congreso local.
Riesgos sanitarios y daño ambiental
La funcionaria también alertó sobre graves riesgos a la salud pública y al medio ambiente. Informó que estudios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), CAPA, la Secretaría de Salud y laboratorios especializados detectaron contaminantes en el agua potable en niveles fuera de los límites permitidos, lo que representa un riesgo tóxico para la población.
Además, se hallaron altos niveles de enterococos fecales en aguas residuales, lo que, al ser vertido en el manto freático, genera un daño ambiental irreversible.
Gobierno rechaza presiones o acuerdos con Aguakan
En los últimos días, directivos de Aguakan han acusado al gobierno estatal de presionarlos para vender la concesión a otra empresa por una fracción de su valor.
Cristina Torres negó categóricamente esos señalamientos y reiteró que las acciones contra la concesionaria se basan en irregularidades comprobadas.
Respecto a una reunión entre representantes de Aguakan y funcionarios del estado, explicó que esta se realizó a petición de la empresa y con la presencia de asesores jurídicos de los ayuntamientos. El único objetivo, dijo, fue proteger las inversiones de las afores y los derechos laborales de los trabajadores.
Finalmente, Cristina Torres reiteró que el gobierno no busca acuerdos políticos ni persigue a la empresa, sino que actúa en apego a la ley y en cumplimiento del mandato ciudadano de recuperar el control del servicio de agua potable en beneficio de la población.
