Ciudad de México, 15 de agosto.- Un juez federal negó a un amparo a Enrique Prado Ordóñez, director de Adquisiciones y Contratos, y Sonia Angélica Zaragoza González, directora General de Recursos Humanos, ex colaboradores de Rosario Robles para que la Fiscalía General de la República (FGR), les aceptara 3 pruebas de descargo, en la investigación de un desvío de 124 millones de pesos.
El Juez Segundo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México, resolvió que, si bien los imputados tienen derecho a ofrecer pruebas, la FGR no está obligada a aceptarlas en su totalidad, porque su admisión depende de los requisitos y límites que marcan las leyes secundarias.
“La defensa adecuada a que refiere el artículo 20 constitucional, en el apartado correspondiente, consiste en dar oportunidad a todo inculpado de aportar pruebas durante la etapa de la averiguación previa, lo que no implica como lo pretende el quejoso, que sin limitación alguna se provean de conformidad todas las probanzas que él o su defensor ofrezcan durante dicha etapa”.
Los exfuncionarios de Sedatu y Sedeso ofrecieron como pruebas una copia del “Acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por el que se aprueban las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Sedesol”.
También solicitaron requerir a la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) una copia certificada del documento indicado para que fuera cotejado con el que ellos ofrecieron en copia simple.
Otra de las pruebas presentadas son la copia certificada del audio y video de la audiencia en la que Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de la Sedesol, no fue vinculado a proceso por este supuesto desvío de 124 millones de pesos.
Cabe destacar que la Fiscalía General de la República (FGR), rechazó las pruebas debido a que el Acuerdo, es una norma que no está sujeta al ofrecimiento de pruebas porque la FGR tendría la obligación de considerarlo en caso de ser aplicable a su investigación.
En el caso del video, los indiciados no señalaron el número de causa penal para solicitarlo a la autoridad judicial y menos precisaron la relación jurídica que guarda el caso de Simón Pedro de León con el expediente que se sigue contra ellos.
