La Cámara Internacional de Comercio (ICC por sus siglas en inglés) afirma que el “combate eficaz” de la corrupción sigue siendo una tarea pendiente en México y recalca la “gran necesidad” de que se impongan controles y se transparente el gasto, ahora que el gobierno federal anunció que durante 2014 ejercerá el mayor presupuesto en la historia del país.
A principios de semana, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a conocer una encuesta en la que, entre otras cosas, señala que la corrupción sigue arraigada en la sociedad mexicana y elaboró un ranking en el que Quintana Roo ocupa el cuarto lugar.
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De acuerdo con un comunicado de prensa, la ICC México señala que el Índice de Fuentes de Soborno indica que entre 1970 y 2010 México generó flujos de salida de capital ilícito que representan una media anual del 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB).
“ICC MÉXICO ha estado pendiente de las reformas legales relacionadas con la integridad y el combate a la corrupción tanto en la parte sustantiva, como aquello que respecta a la reforma energética”, señala.
“En particular para esta reforma, y en materia de anticorrupción, ICC México propone una adición a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a fin de que todos los agentes económicos privados interesados en contratar con las nuevas empresas productivas del Estado, así como con los órganos reguladores coordinados en materia energética queden sujetos al régimen de la citada ley para procurar la integridad en estos sectores relevantes que serán motor de la actividad económica”, subraya el organismo.
“Nos preocupa que en la iniciativa de Ley secundaria se elimina la instancia de inconformidad para impugnar ilegalidades en los procedimientos de licitación, lo cual contraviene tratados internacionales, ya que la justicia en tribunales es demasiado lenta y por tanto ineficaz para reparar los actos irregulares”, agrega.
”La corrupción es la gran enfermedad de nuestro país. La lucha contra el cohecho debe regresar a la agenda del gobierno y dársele la importancia que se requiere”, enfatiza.
“En consecuencia, consideramos que debe de revisarse a fondo la normatividad aplicable en cuanto a la designación y actuación de los órganos encargados de prevenir la corrupción al interior de los entes públicos y las empresas como PEMEX y CFE, a efecto de asegurar la imparcialidad y objetividad en su desempeño. En términos llanos, el vigilante no puede depender del vigilado”, destaca.
Indica que como resultado de las diversas modificaciones fiscales, el gobierno federal, estará manejando el mayor presupuesto de ingresos de que se tenga cuenta, con ingresos fiscales de $4.4 trilliones de pesos un 13% de incremento contra 2013, pero el combate eficaz de la corrupción sigue siendo una tarea pendiente.
El Índice de Fuentes de Soborno indica que entre 1970 y 2010 México generó flujos de salida de capital ilícito que representan una media anual del 5.2% del PIB. Así, la posición del país en el índice de percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional ha empeorado, ubicándonos en el lugar 106/ 177, al mismo nivel que países como Armenia y Kosovo, y debajo de países como Barbados, Colombia y Argentina.
En estos tiempos de reformas y de bajo crecimiento económico, se requiere de fuerza y unidad para prevenir y combatir la corrupción. La transparencia y la integridad, son esenciales para atraer y mantener a los inversionistas.
México está compitiendo con otras economías emergentes por inversión, el combate a la corrupción será sin duda uno de los factores en consideración por parte de los inversionistas. Grandes estimaciones apuntan a que el potencial costo de la corrupción sea equivalente a 9% del PIB en México.
De acuerdo con la última encuesta emitida en 2014 por PriceWaterhouseCoopers, el 47% de las empresas mexicanas consideran a la corrupción como el mayor riesgo al hacer negocios globales, el 25% reporta que se les ha solicitado algún tipo de dádiva para efectuar un negocio, y el 33% indica haber perdido un negocio aparentemente a causa de sobornos de la competencia.
