Agencias SIM
Chetumal.- El Observatorio Legislativo aún no tiene una postura en torno a la designación de Joaquín Oliva Alamilla como presidente del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa, señaló uno de sus integrantes, Raúl Cáceres, quien no obstante opinó que no ha sido coherente en su postura.
El empresario mencionó que Oliva Alamilla, presidente de la Asociación de Profesionistas, es una persona con conocimientos del tema, que antes ha sido auditor superior, pero cuya sorpresiva designación deberá ser discutida entre los miembros del Observatorio para acordar qué hacer.
“Esperamos llegar en conjunto a una decisión, ya que no queremos impugnar porque sí”, mencionó Cáceres.
Cabe mencionar que Joaquín Oliva Alamilla cuestionó los nombramientos realizados por el Congreso del Estado, pero posteriormente se deslindó de haber convocado a una marcha y luego apareció en la terna para el órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa, resultando él finalmente electo.
El también presidente del Observatorio Ciudadano de Chetumal aclaró que las críticas hechas a la designación de titulares de órganos de control y otros cargos, no tienen que ver con la capacidad de las personas, que no está en duda, sino de los procedimientos o de sus antecedentes.
Por ejemplo, en el caso de la “contralora” de la Fiscalía, Aida León Canto, quien tiene dos meses de residir en el estado, se ha señalado que no se cumple con uno de los requisitos. Por su parte, se cuestionan los antecedentes de Manuel Palacios, designado auditor superior del Estado, ya que trabajó en este organismo durante la administración de Roberto Borge Angulo, sin que haya denunciado malos manejos de recursos.
Raúl Cáceres reconoció que mucho se ha avanzado en materia de transparencia, pero eso no significa que ya se tiene un manejo adecuado de recursos, pues el congreso de Quintana Roo es uno de los más “gastalones” del país, aseveró.
Señaló que existió un compromiso de moderar el gasto y de limpiar la nómina de aviadores, pero hasta la fecha las cosas parecieron haber empeorado.
El Observatorio Legislativo está ejerciendo su derecho de acceso a la información para que se trasparente debidamente el dinero que los legisladores destinan a gestión social, además de la remodelación de la sede del Poder Legislativo.
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