Ciudad de México.- Las autoridades federales y del municipio Benito Juárez, en Quintana Roo, no cumplieron con las normas vigentes para el cuidado del ambiente, con lo que violentaron varios derechos al emitir permisos que autorizaron la remoción de un manglar en la laguna de Tajamar, en Cancún, para el desarrollo del proyecto Malecón Cancún, lo que dañó especies de flora y fauna protegidas por la normatividad en decenas de hectáreas.
Esto concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en una recomendación que dirigió a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro, y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Miguel Alonso, así como al presidente municipal, Remberto Estrada Barba.
El organismo presidido por el ombudsman Luis Raúl González Pérez acreditó que servidores públicos de estas instancias, sin plena observancia a la legislación ambiental vigente y aplicable, vulneraron el derecho a un ambiente sano, además que incurrieron en actos y omisiones que violentaron los derechos humanos a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.
Tras sus investigaciones, la CNDH detectó irregularidades en la aprobación de modificaciones y prórrogas de las autorizaciones en materias de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo por la Semarnat, así como en el otorgamiento de permisos de chapeo y desmonte por el municipio de Benito Juárez en favor de Fonatur, que se otorgaron –subrayó el ombudsman– “en franca contravención” de la Ley General de Vida Silvestre.
Además, destaca la falta de actuaciones de carácter preventivo de la Profepa y las autoridades municipales para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental y las autorizaciones otorgadas para evitar mayor afectación al ecosistema de humedal con vegetación de manglar.
Varios años después que se aprobaron los permisos, en enero de 2016 se dio la entrada a trabajadores para la remoción del manglar, lo que generó la devastación ambiental en la laguna y generó la oposición de diversos sectores.
Ante esta situación, la CNDH hizo varias recomendaciones. Una de ellas dirigida a la Semarnat para que se rastreen e identifiquen resoluciones vigentes de los pasados cinco años en Quintana Roo, que aprueben o prorroguen autorizaciones de impacto ambiental y/o cambio de uso de suelo, y de haber sido otorgadas sin acatar la normatividad vigente, promover juicios de lesividad, para que la autoridad correspondiente determine sobre su modificación o nulidad.
La Semarnat y el municipio deberán diseñar y poner en marcha un programa integral de conservación y restauración ecológica, con participación de la sociedad civil y el Fonatur, para suprimir las prácticas administrativas que facilitan el otorgamiento de autorizaciones de obras o actividades que afecten o dañen los manglares; mientras, la Profepa y la autoridad municipal deberán incrementar la inspección y verificación en materias de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y vida silvestre en terrenos con vegetación de humedal, y en especial con presencia de manglares, entre otras. (Fuente: La Jornada)
