De comprobarse las acusaciones de los presos de que funcionarios de la cárcel de Cancún están involucrados en supuestos actos de corrupción, como el cobro de cuotas de protección, se procederá legalmente en su contra, advirtió el procurador de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres.
En conferencia conjunta con el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez, García Torres confirmó que entre las causas que motivaron el motín del lunes se encuentran el aumento de precios de productos que venden los presos, supuestos cobros por concepto de visitas conyugales, el proyecto de una tienda comunitaria que eliminaría a los venteros internos y las intenciones de trasladar a algunos prisioneros.
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Mercader Rodríguez dijo que ya se informó a los presos y a sus familiares que no hay ningún plan de traslados, pero señaló que se tendrán que investigar otras acusaciones hechas por los reos, como la supuesta venta por parte de funcionarios del penal de celulares para realizar extorsiones telefónicas, los cobros por la visita conyugal y supuestas rentas de hasta $15,000 mensuales para que familiares enteras se muden a las celdas para hacerle compañía al preso que pueda pagarlo, así como la venta de droga.
“No podemos ocultar el sol con un dedo, hay un problema con el manejo de los penales, pero está en proceso un diagnóstico que se viene trabajando para empezar a tomar una serie de medidas”, indicó Mercader Rodríguez.
El procurador informó que se abrió la averiguación previa 1301/2014 por los delitos de daños, evasión de presos y motín, a partir de la denuncia interpuesta por el área jurídica de la cárcel. Dijo que se espera la denuncia del Poder Judicial, toda vez que tres de los cuatro juzgados que se ubican dentro de la prisión fueron dañados durante los disturbios, además de que se quemaron expedientes y se dañaron la zona de cocinas y “aduana”.
Mercader Rodríguez dijo que se acordó con los prisioneros que no habría represalias por los disturbios, pero sí sanciones por los daños a los juzgados.
El Procurador dijo que a pesar de que no debe mediar cobro para permitir las visitas conyugales, sí existen y éstos rondan de 30 a 50 pesos por visita.
Afirmó que se procederá legalmente contra cualquier funcionario, “del nivel que sea”, que haya incurrido en actos de corrupción, incluido el general en retiro, Virgilio Morales Herrera, actual director de la cárcel.
En relación con los daños a las instalaciones de los juzgados, García Torres dijo que se reportan ventanas rotas y piedras en el suelo, que fueron desprendidas de bancas de concreto.
Dijo que también fueron dañadas el área de aduanas y el edificio del Poder Judicial del Estado, donde ingresaron internos ocasionando severos daños en los juzgados primero, segundo y tercero, mientras que el juzgado cuarto fue incendiado.
Indicó que la Policía Judicial aseguró a Carlos Jesús Xiu Uitzil, de 23 años, quien ingresó a la cárcel por los delitos de robo y lesiones y David Gerardo Hidalgo Escobedo, de 26 años, por el delito de homicidio bajo la causa penal 330/2012. Asimismo, Delfino Junior de la Torre, de 26 años de edad, ingresado por el delito de violación bajo la causa penal 151/2011, ambos son señalados como los responsables de los daños a las mencionadas instalaciones.
El funcionario estatal comentó que sistema de cómputo, mobiliario, archivo e infraestructura fue parte de lo que dañaron los internos.
Mencionó que compareció el director jurídico del centro de reinserción social, Gerardo Ernesto Diego Rendón, para interponer la querella por el delito de daños, en tanto que la autoridad ministerial está a la espera de recibir la denuncia por parte del personal del Poder Judicial.
