CHetumal.- Tras la denuncia que presentara una ciudadana ante la Fiscalía General en contra de una funcionaria del Congreso del Estado por irregularidades en la entrega de apoyos de gestión social, el presidente de la Gran Comisión en el Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, señaló que también se hará una investigación al respecto, pero adelantó que se ha cumplido con la legalidad y hasta donde permiten la reformas de transparencia en la entidad.
Como se recordará, Ana María Luz Ayala, directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del Estado fue denunciada por el supuesto delito de peculado, según indicó la Asociación Civil “Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo”.
Al respecto Martínez Arcila explicó que la información con la cual se fundamentó dicha denuncia fue parte de lo que se tiene publicado y a disposición de los ciudadanos en el portal de Transparencia del mismo Poder Legislativo, algo impensable en años anteriores.
Recalcó que se esperarán los resultados de la investigación que realice la Fiscalía General, que es la instancia que recibió dicha denuncia, pero aunado a eso también el Congreso del Estado dará seguimiento de forma interna para verificar cual es la situación al respecto.
Pero de antemano, afirmó que se siguen los procedimiento de verificación y comprobación en cada uno de los casos de gestión de los 25 diputados integrantes de la XV legislatura, como parte de lo que marca la misma ley.
Consideró que es necesario que se hagan reformas en cuanto a las leyes de transparencia, ya que en el caso de solicitar información por parte de los ciudadanos se brinda, pero tiene un costo en el caso de que se trate de impresiones, lo cual está puntualizado por la misma ley.
No es algo nuevo que se tenga realizar el cobro por las impresiones que se tengan que poner a disposición de los solicitantes, lo cual podría ser modificado, por lo que invitó a la población en general para que se haga una propuesta que evite este tipo de pagos.
Finalmente, consideró que no se puede tener presunción de algún hecho que pudiera considerarse como delito, hasta que se brinden los resultados por parte de la autoridad correspondiente y hasta que no sea así, se esperará el tiempo necesario y por ello la funcionaria seguirá en su cargo.
