La XVI Legislatura aprueba la Ley de Amnistía para el estado

La XVI Legislatura aprobó la Ley de Amnistía para el Estado, lo que convierte a Quintana Roo en la quinta entidad en contar con este ordenamiento que deriva de la ley federal, mediante la cual se busca dar oportunidad aquellas personas que no tuvieron un debido proceso, no se le respetó sus derechos o carecieron de una defensa adecuada.

El Pleno Legislativo aprobó el dictamen que contiene la Ley de Amnistía para el Estado, que establece las bases para favorecer a las personas procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del estado, siempre que no sean reincidentes respecto al delito por el que están siendo indiciadas, imputadas o sentenciadas.

El diputado Edgar Gasca Arceo, secretario de la Comisión de Justicia, dijo que esta ley representa una nueva oportunidad de rehacer vidas para aquellos que se les prohibió su derecho a decidir, a mujeres y hombres campesinos que luchan por sus tierras, sus recursos naturales, o por sus usos y costumbres.

En la misma sesión, se aprobó el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y se abroga la Ley de Justicia para Adolescentes, pues con la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no hay razón para mantener vigente la legislación local.

Además, se realizó cómputo de votos de los Ayuntamientos que adiciona una fracción al artículo 13 de la Constitución, que establece la obligación del Estado para garantizar, promover, difundir, preservar y desarrollar las lenguas indígenas, y todos los elementos que constituyan la cultura e identidad de los pueblos originarios.

También se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto para el Ejercicio Fiscal 2022, cuyo monto será de 572 millones, siete mil 892 pesos.

Por mayoría de votos se designó a Georgina Magdalena Rodríguez Gutiérrez y Gloria Esther Torres Alonso como titulares de los órganos internos de control de la Comisión de los Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia Administrativa, respectivamente.

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