CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente Ley Antilavado impone nuevas obligaciones al sector inmobiliario al transferir a agentes y asesores la responsabilidad de detectar y reportar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, una tarea que antes recaía principalmente en autoridades financieras.
Karim Oviedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), advirtió que, aunque el sector ha avanzado en medidas para evitar prácticas irregulares en la compraventa y renta de propiedades, los agentes no cuentan con las herramientas ni las facultades necesarias para verificar con profundidad el origen del dinero de sus clientes.
Oviedo señaló que, en muchos casos, las empresas del sector tienen a una sola persona asignada a tareas de revisión e integración de expedientes. “En el 40 por ciento de los casos, solo hay un asesor encargado de todo este proceso de investigación”, apuntó.
Obligaciones más estrictas
De acuerdo con especialistas, la nueva legislación exigirá a los asesores inmobiliarios conservar la documentación de sus clientes por un periodo de 10 años y crear mecanismos internos para detectar operaciones inusuales o sospechosas. Además, deberán notificar sus hallazgos tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Jorge Rodríguez, gerente de desarrollo de negocios en Regcheq México, explicó que la norma ahora coloca en los intermediarios inmobiliarios la misma responsabilidad que en su momento tuvieron los notarios.
“La responsabilidad recae directamente en el asesor o intermediario. Están obligados a investigar la procedencia de los recursos con los que sus clientes realizan las operaciones”, indicó.
