La administración de Julián Ricalde Magaña, él mismo y sus funcionarios, defraudaron a los trabajadores municipales y vengaron la derrota perredista negándole a los habitantes de Cancún la oportunidad de acceder a recursos para diversas obras.En síntesis, eso es lo que se interpreta del documento y la explicación que presentó el lunes pasado el secretario general de la Comuna, José de la Peña Ruiz de Chávez, al dar a conocer un informe sobre las condiciones en que el equipo de Paul Carrillo de Cáceres recibió la administración municipal.
Sí la mayoría de la población optó por el cambio, luego de casi seis años de una misma camarilla en el poder municipal, fue porque percibió que ésta respondía a todos los intereses, menos a los de la sociedad.
Pero por si aún quedaba dudas de ello, el oficio que el gobierno de Ricalde Magaña envió a la Secretaría de Desarrollo Social para rechazar más de 50 millones de pesos que pudieron aplicarse a diversas obras, pone al desnudo, evidencia el nulo compromiso social de ese grupo.
Ese documento fue una de las evidencias que aportó De la Peña para sustentar las diversas irregularidades cometidas por el gobierno de Ricalde Magaña.
En primera instancia, en el mencionado oficio el gobierno anterior se queja de la gran cantidad de documentos que debe reunir para acceder a recursos etiquetados, que no pueden usarse para nada más que para lo que se establece en los programas oficiales.
“Son muchos trámites y no nos daría tiempo de cumplir con los requisitos”, señala el oficio en una muestra de flojera y falta de disposición para hacer el trabajo de oficina.
Seguramente otra cosa sería, si esos recursos hubieran sido de libre disposición. Habrían ido a parar a la bolsa de alguien, como ocurrió con un millonaria préstamo en el trienio de Gregorio Sánchez y como ocurrió con diversas partidas en el gobierno de Ricalde Magaña. Los empleados municipales pueden dar cuenta de ello.
El mismo documento en el que se rechazan los dineros pone en el evidencia el dolo y el egoísmo de la camarilla de Ricalde Magaña.
“Nuestra administración termina el 30 de septiembre y no nos daría tiempo de ejercer la totalidad de los recursos”, señala el gobierno de Ricalde en el mencionado oficio fechado tres días después de las elecciones de julio pasado, cuando ya se sabía que el PRD había sido derrotado en las elecciones, luego entonces hubo venganza en contra de la población.
Pero además denota egoísmo político. El mundo no se terminaba el último día de la administración de Ricalde Magaña y, por tanto, pudo ejercer los recursos hasta donde el tiempo se lo permitiera y canalizar el resto para que lo aplicará la siguiente administración. Hay los canales legales para ello. Pero prevaleció la venganza y el sectarismo., el dolo y el egoismo.
La revelación de la graves irregularidades en la administración de Ricalde Magaña se hace cuando aún está pendiente el desarrollo de un proceso penal contra funcionarios del gobierno de Gregorio Sánchez, por el cual solo se ha podido aprehender al ex tesorero Carlos Trigos.
Sí como dice De la Peña, se fincan responsabilidades penales a quienes hayan incurrido en irregularidades en la administración anterior, entonces al equipo del procurador Gaspar Armando García Torres se le juntará el lavado con el plancheo.
¿Tendrá tiempo para todo?
Platea
Al margen de las responsabilidades legales del caso, en este drama financiero hay también responsables morales que alguna explicación deberían dar, por lo menos a los afectados.
Una de esas responsables morales es la líder de los trabajadores municipales Delia Alvarado.
Los empleados del municipio fueron literalmente robados. Les descontaron vía nomina sus préstamos e impuestos, pero a pesar de ello hoy están en el buro de crédito desprestigiados y son evasores fiscales, porque el dinero que se les descontó para pagar esos rubros fueron a parar quien sabe a donde, menos a donde debía.
¿A caso nunca se percató de ello la eternizada líder sindical? Desde luego que debía estar enterada. Delia Alvarado es todo, menos una mujer ingenua.
Los vientos renovadores que llegaron a la administración municipal deben replicarse en el sindicato.
