Por Eduardo Ochoa Guerrero
Hace casi 40 años, en 1982, tuve oportunidad de cubrir, como reportero de un periódico local, sesiones de la Cámara de Diputados de Campeche, fuente en la que tenía experiencia al haber trabajado en la LI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, emanada de la Reforma Política de 1977, en la que por vez primera estuvieron representados siete partidos políticos.
Después de eso, Campeche me ofreció la visión de ese México bárbaro que, presumíamos, empezaba a quedar atrás. Las sesiones se realizaban sin respetar leyes y reglamentos, dirigidas por el Oficial Mayor, ante la ineptitud y desconocimiento de los diputados sobre sus funciones.
En cada sesión surgían nuevas irregularidades de las que dejé constancia en mis notas. Debido a eso, llegó el día en que el presidente de la Gran Comisión me llamó a su despacho para, verdaderamente compungido, preguntarme:
–¿Te hecho algo?, ¿en algún momento lastimé a tu familia, a ti o a alguien cercano a ti?
–No –respondí contrariado.
–Entonces, ¿por qué me jodes tanto? –reviró de inmediato–. Yo no pedí estar aquí, me pusieron aquí (en la Gran Comisión) y sí, efectivamente, no conozco las leyes ni los reglamentos, no sé cómo se conduce una sesión, pero tampoco tienes por qué exhibirme.
–Diputado, déjeme decirle una cosa –le indiqué mientras me levantaba de la silla–. Haga usted de cuenta que nunca tuvimos esta conversación y yo haré lo mismo. Me acaba de decir algo que es sumamente grave, que lo exhibe a usted y a su partido (el PRI) y preocúpese por aprender lo que debe hacer.
Esa anécdota me vino a la memoria al escuchar, el pasado viernes, a la diputada Reyna Arelly Durán Ovando, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a quien escuché el pasado viernes confirmar en una entrevista para un noticiero radiofónico, que un día antes, durante la sesión del periodo extraordinario se aprobó una iniciativa con la que se dio marcha atrás “a una exención de impuestos que no era tal”.
La paternidad de la iniciativa aprobada, por cierto, fue atribuida a los diputados de Morena, PT y PVEM, sin hacer caso a la que días antes entregaron con el mismo fin José Luis Toledo Medina, de Movimiento Ciudadano; José Luis Guillén López, de Movimiento Auténtico Social; Pedro Pérez Díaz e Iris Mora Vallejo, del grupo legislativo del PRD.
También la escuché decir que en la aprobación del artículo 7 transitorio de la Ley de Ingresos 2020 no hubo dolo. “No, para nada”, respondió a la pregunta de la entrevistadora.
Y en un lenguaje más que cantinflesco, señaló que “muchos manejaron que los diputados están aprobando no sé qué, no, no”.
En otra parte de la entrevista, en torno a otro tema, reiteró que el gran culpable de todo eso son los medios.
Mientras escuchaba la entrevista, me pregunté si realmente hemos avanzado, si el Congreso de la Unión, los de los estados y los diferentes órdenes de gobierno no están en las manos de los mismos bárbaros que ni siquiera leen lo que se les entrega para estudio y aprobación, como afirmó José de la Peña Ruiz de Chávez, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, a quien han señalado como el autor de ese “madruguete”.
La “exención de impuestos que no era tal”, afirma la diputada, pese a que el artículo 7 transitorio dice textualmente lo siguiente:
“Las personas físicas o morales que realicen inversiones en el Estado de Quintana Roo, superiores a los $40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos M.N.) y cuyo giro sea de juegos y concursos en la modalidad de casinos, que se ubiquen en las zonas turísticas del Estado y que acrediten ante las autoridades estatales competentes, que al menos el 50% de sus clientes sean extranjeros o no residentes en la entidad, estarán exentos durante el ejercicio fiscal 2020 del pago del Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos”. (El subrayado es nuestro)
¿Acaso Reyna Durán leyó lo que aprobó?
Tan grave es negar que había una exención de impuestos, como el afirmar que aquí no pasó nada. ¿No le interesa saber quién se excedió en sus funciones?, ¿le importa poco que su nombre y el de otros 23 diputados aparecieron en la aprobación de ese artículo, incluidos por alguien que sabe que sus compañeros no leen?, ¿acaso lo aprobaron todos y ante el reclamo del sector empresarial y la reforma a la Constitución Federal que prohíbe la condonación de impuestos decidieron “armonizar”.
Reyna Durán afirma que los diputados de Morena harán lo que la ciudadanía quiere, pero pone oídos sordos a la exigencia de aclarar esa situación.
Y responsabilizar a los medios por cumplir su función como informadores y formadores de opinión es recurrir a las mismas excusas que los priistas en su momento.
Esta licenciada en Derecho por la Universidad Valle del Grijalva Plantel Pichucalco, Chiapas, con una trayectoria laboral de un año como litigante en el despacho Abogados Vila del 2011 a 2012 y con amplia experiencia de seis años como activista y coordinadora de campañas de Morena, asumió una gran responsabilidad y debería preocuparse por aprender lo que debe hacer.
