CHETUMAL, 1 de junio (Contracorriente).- La fiscal anticorrupción Rosaura Villanueva Arzapalo, el magistrado Felipe de Jesús Solís Magaña, así como de los jueces, Gonzalo Segovia Herrera y Eduardo del Valle García, están en el ojo del huracán por presuntas irregularidades que cometieron en el proceso penal que llevó a la cárcel a la ex directora de CAPA, Paula González Cetina.
Un tribunal colegiado concedió un amparo directo a la ex directora de CAPA, Paula González Cetina, en contra de la negativa de los magistrados del pleno del cuestionado tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Quintana Roo, respecto a investigar la presunta ilegal actuación de la fiscal anticorrupción, jueces y magistrados, que actuaron bajo consiga del entonces gobernador Carlos Joaquín González, actualmente embajador de México en Canadá.
Paula González fue directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en los últimos meses de la administración de Roberto Borge Angulo, actualmente preso en una cárcel de alta seguridad y para enfermos mentales de Morelos.
La resolución del amparo directo se produce luego de que los magistrados del cuestionado Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Quintana Roo se negaran a investigar la supuesta actuación ilegal de la fiscal anticorrupción y las autoridades judiciales, quienes habrían actuado bajo la consigna del entonces gobernador Carlos Joaquín González, actualmente embajador de México en Canadá.
Paula González, quien ocupó el cargo de directora de CAPA durante los últimos meses de la administración de Roberto Borge Angulo, fue acusada y perseguida por la fiscalía anticorrupción por el presunto desvío de más de mil millones de pesos pertenecientes a ese organismo estatal. Se alega que ese dinero fue el pago realizado por Aguakan al gobierno estatal para obtener la ampliación de la concesión del servicio de agua potable en municipios del norte del estado.
Después de su detención, Paula González fue enviada a prisión de enero a abril de 2018, y posteriormente estuvo en prisión domiciliaria durante siete meses. 
Finalmente, recibió una sentencia de 3 años y 8 meses de prisión, la cual fue confirmada en una segunda instancia local en un proceso que ha sido calificado como irregular y que involucró al magistrado del poder judicial local Felipe de Jesús Solís Magaña, así como a los jueces Gonzalo Segovia Herrera y Eduardo del Valle García.
Sin embargo, tras apelar las resoluciones de estas autoridades locales, el poder judicial de la federación absolvió a Paula González de toda responsabilidad, declarándola libre de cualquier cargo en su contra.
En 2021, Paula González presentó una demanda ante el tribunal de justicia administrativa de Quintana Roo para reclamar una indemnización por aproximadamente 70 millones de pesos, como compensación por los daños causados por su persecución y encarcelamiento ilegales. Lamentablemente, dicha demanda fue rechazada por los magistrados del pleno del TJA en diciembre de 2021, argumentando “incompetencia para revisar actos de autoridades jurisdiccionales”. La notificación de este rechazo fue entregada a la demandante hasta junio de 2022, seis meses después.
Ante esta situación, Paula González acudió al poder judicial de la federación en junio de 2022 para denunciar presunta protección hacia las autoridades de la fiscalía anticorrupción y el poder judicial local.- Información tomada de Contracorriente y Eugenio Pacheco.
