TULUM, 18 de febrero.— En medio de un litigio que ha evidenciado posibles fallas en la supervisión ambiental en la zona costera, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación ordenó reponer el procedimiento y realizar una nueva evaluación técnica del edificio Adamar Solimán, ubicado en Tankah IV, uno de los desarrollos más controvertidos del municipio.
El inmueble fue edificado en predios fraccionados dentro del sector Tankah IV y desde el año pasado permanece asegurado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo como medida cautelar, dentro de procedimientos penales por presuntos delitos ambientales. La intervención se dio luego de que se detectara el quebrantamiento de sellos oficiales previamente colocados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), lo que evidenció un posible desacato a la autoridad federal.
Sin embargo, más allá del litigio entre la empresa desarrolladora y el gobierno, el caso ha puesto bajo la lupa la actuación —y omisión— de instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargada de evaluar y autorizar proyectos de impacto ambiental, así como de las autoridades municipales de Tulum responsables de otorgar licencias de construcción y supervisar el cumplimiento de la normatividad urbana.
La resolución judicial
De acuerdo con el expediente 361/25-EAR-01-4, la sociedad mercantil Desarrollos Tulum Dieciséis promovió un juicio de nulidad contra un desechamiento emitido por Semarnat, argumentando que su solicitud de evaluación ambiental fue presentada dentro del plazo legal.
A inicios de este mes, la Sala determinó declarar la nulidad de la resolución impugnada, ordenando dejar sin efectos el desechamiento y realizar una nueva evaluación técnica del proyecto. Es decir, el proceso administrativo deberá reponerse.
No obstante, el predio continuará asegurado por autoridades judiciales en Tulum debido a que siguen abiertos procesos penales relacionados con presuntos delitos ambientales.
Irregularidades y omisiones
El proyecto enfrenta además una orden de demolición que actualmente se dirime en tribunales bajo las reglas del juicio de amparo. La construcción fue señalada por presuntamente haberse iniciado sin contar con los permisos ambientales correspondientes, lo que abre cuestionamientos sobre cómo pudo avanzar la obra en una zona costera considerada ambientalmente sensible.
Organizaciones como la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) han promovido amparos y dado seguimiento puntual al caso, advirtiendo que la edificación podría afectar zonas de anidación de tortuga marina, especie protegida en la región.
El caso Adamar Solimán no solo es un litigio entre empresa y autoridades federales; también exhibe las debilidades en la supervisión ambiental y urbana en Tulum, donde desarrollos inmobiliarios han avanzado en distintos puntos de la costa pese a señalamientos de impacto ecológico.
Mientras se resuelven los frentes administrativos, penales y de amparo, la nueva evaluación técnica ordenada por la Sala marcará el siguiente capítulo de un conflicto que mantiene en el centro del debate la responsabilidad de las autoridades encargadas de proteger el patrimonio ambiental del Caribe mexicano.
