Con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos celebrados en la Asamblea Plenaria de Conferencia de Procuración de Justicia, en la cual se aprobó el Protocolo para la Investigación del delito de tortura, personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, participa en el curso de capacitación denominado “Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura”, que organiza la Procuraduría General de la República, en San Juan del Río, Querétaro.
El curso, que inició el 31 de octubre y concluye el 4 de noviembre, está dirigido a fiscales del Ministerio Público, peritos y agentes de la policía ministerial, en donde se abordan temas de suma importancia como lo son:
La dignidad y los Derechos Humanos; El Estado Mexicano como garante de protección a los Derechos Humanos; La tortura como acto de Estado y crimen de lesa humanidad; Bien jurídico tutelado en el delito de tortura; Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano en temas de tortura; Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en temas de tortura, entre otras.
Es importante mencionar que en dicha capacitación se trataran temas con perspectiva de género, como son los Derechos Humanos de la mujeres e investigación de la tortura con perspectiva de género; Análisis de la convención CEDAW; naturaleza y aplicación de las acciones afirmativas; Protocolo de Estambul, intervención médica y psicológica, el abordaje de la víctima y su entrevista por especialistas; Cadena de custodia de los elementos de prueba de la tortura cometida contra mujeres.
Los temas anteriormente señalados privilegian un adecuado desempeño de los servidores públicos que tienen la tarea de llevar a cabo actos de investigación de hechos delictivos, lo que ha sido una de los ejes fundamentales del Fiscal General del Estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, además de fomentar y general la sensibilidad en la atención al público, garantizar el respeto a los derechos humanos en los actos de investigación, tanto de la víctima como del imputado, de acuerdo con las exigencias del Sistema Penal Acusatorio.
