Maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean la oficina de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Oaxaca, como medida de presión para que sean trasladados a una cárcel de ese estado cuatro maestros que están recluidos en el penal federal de El Altiplano.
El secretario de organización de la Sección, Francisco Villalobos, informó que el juez quinto federal ordenó a la SSP el traslado inmediato de los profesores Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez, Juan Carlos Orozco Matus y Roberto Abel Jiménez.
Sin embargo, expuso, el director de Reinserción Social, Heriberto Antonio García, se negó a cumplir ya que, argumentó, no hay espacio en los penales estatales.
“Tiene que ver con el desacato que hay del director de reinserción social de la SSP a una resolución del Juez Quinto de lo Penal y que en esa parte violenta los derechos de nuestros compañeros”, afirmó Villalobos.
Los maestros, que laboran en la región de Valles Centrales, cerraron la Avenida Lázaro Cárdenas, que comunica a la oficina de la SSP, la cual está custodiada por policías estatales, quienes previo al arribo de los manifestantes colocaron vallas metálicas.
La subsecretaria de Reinserción Social informó que atiende a una representación de maestros para abordar este tema.
Orozco Matus es acusado de los delitos de motín, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza nacional, ya que presuntamente participó en la toma de las instalaciones de la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tehuantepec y de la refinería de Pemex Antonio Dovalí.
Nazariega Segura es señalado por su probable participación en los delitos de robo agravado, contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena, ya que está vinculado a la toma de la planta de almacenamiento de Petróleos Mexicanos localizada en el Municipio de Santa María El Tule, el robo de libros de texto gratuitos y los daños a instalaciones de la Octava Región Militar en la ciudad de Oaxaca.
Picaso Pérez fue acusado del robo de miles de libros de texto gratuitos y Jiménez García es señalado por delitos del fuero común.
