Ciudad de México.– El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió a los gobernadores electos aclarar y sancionar las acusaciones que existan en contra de las administraciones salientes. La iniciativa privada destacó que no se puede consentir que ningún servidor público del nivel que sea, pretenda esquivar responsabilidades mediante argucias, imposiciones o simulaciones con las que sólo se busque protección y reproducir la impunidad.
“Los gobernadores electos tienen la responsabilidad de aclarar y, en su caso, sancionar, las acusaciones que existan contra las administraciones salientes. Esa es una exigencia ciudadana y debemos de proceder como Estado mexicano”, afirmó Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del CCE su comentario semanal.
La semana pasada, legisladores y un Gobernador electo pidieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también a los ciudadanos poner un alto a los gobernadores del tricolor que están por dejar el poder y que están tratando de blindarse por distintos medios.
El CCE añadió que el desarrollo económico, político y social de una nación depende de la capacidad del Estado y de la sociedad de generar, por una parte, incentivos y condiciones de certeza para el cumplimiento de los acuerdos, y por otra parte, consecuencias para aquellos que violenten los derechos de los demás o incumplan sus obligaciones.
El presidente del CCE mencionó que esta semana se llevará a cabo el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, dispuesto y acordado específicamente para procesar las observaciones presidenciales relativas a las adiciones improcedentes que se hicieron en el artículo 32 de la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De esta forma, dijo, se concluirá la fase de procesamiento legislativo para construir el Sistema Nacional Anticorrupción y se dará paso a un nuevo capítulo, de implementación y exigencia de cumplimiento, para que éste pueda consolidarse y rendir los resultados que esperamos los mexicanos.
“Esta es la ‘prueba de fuego’ de la Reforma Anticorrupción que se ha aprobado”, precisó Castañón.
Agregó que, como toda reforma, es siempre perfectible, pero se ha logrado un paso en el sentido correcto.
“Necesitamos un Estado y una sociedad decididos a que efectivamente impere la ley, sin pretextos ni discrecionalidad. Esto significa que no puede justificarse ni permitirse el que se violenten los derechos de terceros, como arma de negociación política o con cualquier otro fin -legítimo o no- como hoy ocurre en relación con el conflicto magisterial en el sur del país”, indicó el líder empresarial.
El CCE señaló que el desafío de consolidar el Estado de derecho democrático en México es un camino en el que queda un muy largo trecho por recorrer, con grandes resistencias y obstáculos por superar.
“Tener las leyes y las instituciones idóneas para ello, es sólo el comienzo, el inicio; se requiere de voluntad política y social para hacer que funcionen, en consenso, para que rindan frutos”, expuso el organismo empresarial.
