Los llamados a la desobediencia se multiplicaban ayer en Myanmar, liderados por médicos y trabajadores sanitarios, después de que Washington acusó formalmente a los militares de haber dado un “golpe” y prometiera nuevas sanciones contra los generales.
El lunes, el ejército puso fin a la frágil transición democrática del país, impuso un estado de emergencia por un año y arrestó a la jefa de facto del gobierno civil Aung San Suu Kyi, así como a otros directivos de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
La Policía de Myanmar presentó su primera acusación formal a la líder depuesta del país, San Suu Kyi, dijeron miembros de su partido, lo que le permite detenerla legalmente hasta el 15 de febrero.
La acusación de poseer walkie talkies importados ilegalmente salió a la luz dos días después de que la sometieran a arresto domiciliario. Podría ser un intento de dar un barniz legal a su detención, aunque anteriormente los generales mantuvieron a ella y otros detenidos durante años.
Dos días después de este golpe, condenado por muchas capitales extranjeras, surgieron los primeros signos de resistencia. Médicos y profesionales sanitarios, que llevaban lazos rojos en señal de protesta, anunciaron que se negarían a trabajar salvo en caso de emergencia médica.
“Sólo obedeceremos al gobierno democráticamente elegido”, dijo a Aung San Min, responsable de un hospital de cien camas en la región de Magway.
Miembros del personal médico del hospital general de Rangún se reunieron frente a las instalaciones, haciendo el saludo con tres dedos, un gesto de resistencia adoptado por los activistas prodemocráticos de Hong Kong y Tailandia.
También se puso en marcha un grupo llamado Movimiento de Desobediencia Civil en Facebook, que ya cuenta con unos 150 mil inscritos. “Vergüenza debería darle al ejército”, “Los militares son ladrones”, reza esta página.
El miedo a la represalias es palpable en este país.
