La secretaria del Trabajo y Previsión Social del estado, Catalina Portillo Navarro, confirmó que ayer presentó cinco denuncias penales en la Fiscalía General de Quintana Roo en contra de ex titulares de las juntas de Conciliación y Arbitraje de Cancún y Playa del Carmen.
Las demandas, dijo, son por el despojo de departamentos de lujo, predios de alta plusvalía y cuentas bancarias a particulares y empresarios nacionales e internacionales, que causaron un perjuicio incuantificable para la entidad, dado que estos actos de “corrupción” han ahuyentado la inversión en los polos turísticos del estado.
En conferencia de prensa, la funcionaria afirmó que cuentan con la información fehaciente de 15 juicios apócrifos que realizaron los ex funcionarios de la pasada administración –del gobierno de Roberto Borge Angulo-.
En específico, los titulares de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 1, 2 y 3 de Cancún y la de Playa del Carmen, mismo que derivó en el despojo a empresarios de bienes inmuebles y particulares, de departamentos de lujo, terrenos ubicados en zonas de alta plusvalía y hasta cuentas bancarias.
“Realizaron juicios inventados a modo mediante actuaciones apócrifas en las juntas especiales con sede en Cancún y la de Playa del Carmen que afectaron el patrimonio de particulares, empresas nacionales, trasnacionales e internacionales, algunas de éstas cotizaban en la Bolsa de Valores y han afectado su patrimonio y ahuyentado la inversión de las empresas en estos polos turísticos de Quintana Roo”, denunció.
Dijo que algunos empresarios -8- se han amparado ante estos actos anticonstitucionales.
“Algunos Jueces de Distrito o Tribunales Colegiados Federales les están haciendo la restitución de estos bienes inmuebles, como es el caso de la empresa inmobiliaria Kurs S.A. de C.V. de Cancún y que fue afectada dentro de los bienes inmuebles de departamentos y otros departamentos de Cancún denominados Las Palmeras que valen 4 o 5 millones de pesos, se los adjudicaron en dos o un millón de pesos cada uno de los trabajadores”, señaló.
Explicó que a través de medios de impugnación, en Playa del Carmen los posesionarios van a recuperar el hotel Playa Azul, las Cabañas Puerta del Cielo y Cabañas Itzel.
“Cometieron el despojo de predios ubicados en zonas de alta plusvalía en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, así como el congelamiento y embargo de cuentas bancarias y cobrar cantidades exorbitantes de las mismas”, aseguró.
Detalló que para realizar estos actos de corrupción los ex servidores públicos utilizaron también a personas ajenas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social haciéndolas pasar por empleados, los cuales promovieron demandas contra empresas físicas y morales.
“Detectamos que todos estos juicios no fueron notificados a los demandados, pero en autos de los expedientes obran citatorios y emplazamientos practicados por los actuarios de las juntas, donde según fueron notificados, dichos juicios se llevan en rebeldía, dictaron el laudo condenatorio con cantidades exorbitantes para poder embargar y rematar, remates que realizaban en escritorio que nunca se hicieron públicos y en base a los lineamientos legales”, afirmó.
Comentó que no únicamente participaron en esta “mafia” los titulares de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sino también los secretarios de acuerdos y los secretarios generales, los cuales abusaron de la fe pública e hicieron estas simulaciones y actuaciones de manera apócrifa, les coartaron la defensa legal.
“Los datos son fehacientes y el resto será resultado de las investigaciones que haga la Fiscalía General del Estado, las entrevistas, las carpetas de investigaciones y vincularlas a proceso”, explicó.
Antes del término del gobierno de Roberto Borge Angulo, quien fungía como Secretario del Trabajo y Previsión Social era Patricio de la Peña Ruiz de Chávez.
