Los ex agentes federales Antonio Briones Carreón y Manuel Soto Velazquez se presentaron a la empresa First National Segurity, situada en Cancún, para llevar a cabo un cateo en el inmueble.
Sin embargo, hoy se hace una investigación para determinar la razón que llevó a sustraer cajas de seguridad de dicha empresa.
Los hoy ex agentes entraron al inmueble y por la fuerza llevaron a cabo el cateo, forzando la bóveda y cajas de seguridad.
Luego de eso, los afectados realizaron la denuncia correspondiente y la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía
Especializada de Asuntos Internos, llevó al cabo las indagatorias y se comprobó la presunta responsabilidad de los funcionarios en la comisión de delito contra la administración de justicia.
Los agentes del Ministerio Público Federal, Antonio Briones Carreón y Manuel Soto Velázquez, así como el coordinador general de la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), Édgar Rivero Díaz, fueron vinculados a proceso por delitos contra la administración de justicia.
Ya fueron puestos a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, que decretó vincularlos a proceso.
El delito en mención, previsto en el artículo 225, fracción XVIII del Código Penal Federal, precisa que se sancionará a quien ordene o practique cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley.
Por lo que corresponde al ahora ex coordinador de la SEIDO, Édgar Rivero, también quedó sujeto a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violación a la Ley de Amparo.
Los ahora inculpados, de acuerdo con lo resuelto por el impartidor de justicia, deberán presentarse periódicamente en el Centro de Justicia Penal Federal en turno en la Ciudad de México, recinto judicial donde radica su causa; no podrán acercarse a los afectados, ni tampoco a testigos, peritos, policías federales ministeriales, personal de apoyo del área específica de la institución y a los agentes del MPF visitadores.
También están impedidos de acercarse a la unidad de la Seido donde laboraban y a la empresa cateada, en tanto que se realizará una investigación complementaria de seis meses por órdenes del juez.
