Que siempre no: ante las críticas, los ministros de la SCJN deciden no usar camionetas de lujo

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero.- Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron que no utilizarán las camionetas blindadas recientemente adquiridas y que éstas serán devueltas o reasignadas a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, tras varios días de críticas públicas y una solicitud expresa de información por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En un mensaje difundido en redes sociales, el Máximo Tribunal informó que las y los ministros solicitarán que se inicie el procedimiento correspondiente para la devolución de los vehículos o, en su caso, para ponerlos a disposición de juzgadores que requieran mayores medidas de seguridad, siempre con apego a la normatividad aplicable.
En el mismo comunicado, la Corte reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, así como con el trabajo permanente para lograr una justicia real y efectiva. Asimismo, adelantó que con el fin de precisar la información se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones del Máximo Tribunal.
La controversia se originó el 22 de enero, cuando trascendió en medios de comunicación que las ministras y ministros —electos por voto popular en junio del año pasado— habían estrenado camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas.
Ese mismo día, la SCJN defendió la adquisición de nueve unidades al señalar que respondió a criterios de seguridad institucional, luego de que los vehículos asignados en administraciones anteriores ya no cumplían con los estándares adecuados. De acuerdo con la Corte, la determinación se basó en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, que concluyeron que la continuidad de las unidades en uso comprometía su operación.
En el mismo posicionamiento, el Máximo Tribunal indicó que la renovación del parque vehicular se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente desde 2019, la cual establece que este tipo de vehículos deben renovarse periódicamente por motivos de seguridad y por el servicio que prestan.
Posteriormente, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) sostuvo que la compra de las camionetas formó parte de un proceso de sustitución del parque vehicular del Poder Judicial, en el que se dejó el esquema de arrendamiento para optar por el de adquisición directa. Según ese organismo, el cambio permitiría un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos durante los años 2026, 2027 y 2028.
Hasta el momento, el OAJ no ha transparentado el contrato. No obstante, el acta de la sesión del 5 de diciembre del Comité de Adquisiciones, Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD) de la SCJN consigna que el costo total de las unidades fue de 25 millones 650 mil pesos, lo que equivale a un precio promedio de 2 millones 850 mil pesos por camioneta, con IVA incluido. En dicha sesión no se detallaron las razones específicas para autorizar la compra y únicamente se señala que la solicitud fue presentada por la Dirección General de Seguridad.
La empresa adjudicada pertenece a Grupo Andrade, proveedor de patrullas y vehículos de renta para distintos gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
Un día después de que se conociera la información, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, por conducto de la Secretaría de Gobernación (Segob), solicitó al Poder Judicial un informe sobre la adquisición de los vehículos y subrayó que la Suprema Corte debía aclarar la situación.