CHETUMAL, 25 de octubre.– La corrupción que impera en Quintana Roo lo sitúa en un lugar nada halagador en comparación con las demás entidades federativas. Esto exige pasar de las palabras a la acción para combatir la impunidad, la cual es producto de gobiernos ausentes que han privilegiado la complicidad institucional, debido a la falta de voluntad política para abordar este fenómeno lacerante.
Así lo declaró la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo, Alma Gabriela Arroyo Angulo, al presentar su informe anual de labores ante el Congreso local este martes. En su informe, reveló que el estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en la prevalencia de la corrupción, según el último informe del INEGI de 2021.
Este informe del INEGI indica que más de 20,000 habitantes del estado tuvieron contacto con algún servidor público y experimentaron al menos un acto de corrupción. Además, no se puede pasar por alto la tasa de incidencia, que también sitúa a Quintana Roo en una posición preocupante, al estar muy por encima de la media nacional y ocupar la posición número 27 entre las 32 entidades del país. La compareciente añadió que la percepción ciudadana sobre la frecuencia de actos de corrupción también supera las cifras registradas dentro de la media nacional.
Sin embargo, Arroyo Angulo sostuvo que el Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo ya cuenta con su estructura completa, reflejando la voluntad de las autoridades para abordar este asunto. Esto es evidenciado por el hecho de que Quintana Roo fue la cuarta entidad a nivel nacional en publicar su Política Estatal Anticorrupción en el año 2020, el primer estado en aprobar y publicar su Programa de Implementación en 2022, y uno de los seis estados que ya cuenta con su Anexo Transversal Anticorrupción.
