Cancún, 27 de febrero.— A tres años de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, es evidente que la problemática de violencia contra las mujeres se mantiene en Quintana Roo como un tema grave, con elevadas cifras de violencia sexual hacia niñas y mujeres, hostigamiento, embarazos no planeados en adolescentes menores de 15 años, uniones tempranas, crímenes de odio y feminicidios.
En ese contexto, las acciones emprendidas son insuficientes y con poco impacto, expuso la Red Quintanarroense por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Juventudes, que agrupa a 14 organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de los derechos humanos con alcance local, nacional e internacional, en un documento enviado a la XVI Legislatura para exponer su “rechazo fundamentado hacia la constitución de un Instituto Estatal de la Familia en Quintana Roo”, que se basa en un modelo de familia tradicional, que no es incluyente ni representa la diversidad de las personas.
En ese sentido, expuso preocupación en cuanto a la ausencia del eje de perspectiva de igualdad de género en los proyectos incorporados en la agenda legislativa 2019-2020, presentados el pasado 9 de enero por la XVI Legislatura, a pesar de que es necesaria, debido a sus alcances, para el abordaje de las problemáticas referidas.
“Las problemáticas sociales en el Estado están desatendidas, vivimos con feminicidios, embarazos no planeados en adolescentes en tasas muy altas, violencia sexual, hostigamientos en el ámbito público y privado, trata de personas, existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, entre muchas otras situaciones conflictivas que son ‘invisibilizadas’ y omitidas”, expuso la agrupación.
Además, destacó que se observa una ausencia de políticas públicas integrales que atiendan las necesidades de grupos diversos, históricamente relegados y poco representados en la toma de decisiones, como niñas, niños, adolescentes, juventudes, mujeres y la población LGBTTTIQA+.
Sobre el rechazo a la constitución de un Instituto Estatal de la Familia, como parte de la agenda legislativa 2019-2022, reiteró que la iniciativa obedece a una visión discriminatoria y sin apego a un enfoque progresista de derechos humanos, que posibilitaría la violación de los mismos.
El Estado tiene que desplegar a todas sus instituciones para respetar y garantizar los derechos humanos, que no se pueden enmarcar sólo en el tema de la familia, sin atender todos los aspectos. La propuesta, que no tiene fundamento teórico ni jurídico, no atiende las razones de la violencia sexual ni aborda las causas.
Primero hay que analizar las medidas que nos pueden ayudar a abatir la violencia y revisar todo el marco jurídico.
“El Poder Legislativo debe asumir la responsabilidad que conlleva su trabajo en fundamentar el qué hacer del Estado, todo dentro de un marco que garantice el no retroceso del reconocimiento, ejercicio y garantía de los derechos humanos. El territorio local no está exento de tratados internacionales y obligaciones en materia de derecho internacional público, recomendaciones y opiniones consultivas que velan por la laicidad del Estado; es imperante hacerlo valer, independientemente de nuestras creencias y convicciones espirituales personales”, subrayó.
Por lo anterior exhortó a la XVI Legislatura del Estado a denegar la creación de ese instituto y mantener los principios de laicidad del Estado, de indivisibilidad y progresión de los derechos humanos dentro del territorio estatal.
También lanzó un llamado a considerar en todas las acciones del ejercicio legislativo 2019-2022 el respeto de los marcos normativos que el Estado Mexicano ha incorporado, encaminados a garantizar a mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes el derecho a una vida sin discriminación y violencia.
Al impulsar la creación del instituto e invisibilizar la perspectiva de género están violando el marco jurídico y las obligaciones establecidas en diversos instrumentos internacionales y nacionales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Víctimas y Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.
