CAMPECHE, 26 de enero.— Un reportaje exclusivo que publica hoy EL UNIVERSAL documenta un patrón sistemático de acoso, hostigamiento judicial y silenciamiento contra periodistas, académicos, policías y ciudadanos críticos del gobierno de la gobernadora morenista Layda Sansores, en un estado donde —coinciden los testimonios— la libertad de expresión se ha convertido en excepción.
De acuerdo con periodistas locales, durante la actual administración desaparecieron los cinco diarios impresos que existían en Campeche: Tribuna, Crónica, El Sur, Expreso y Novedades. “Los fue atacando uno por uno hasta extinguirlos”, relatan comunicadores de la entidad. Hoy, aseguran, sólo queda una televisora y una mayoría de medios digitales alineados al discurso oficial.
“No hay periódicos, no hay crítica. Los medios que quedan son oficialistas”, resume Abraham Arturo Martínez, periodista policiaco y expolicía, quien desde hace más de 15 años informa a través de redes sociales con su programa El reportero del crimen. Martínez, como otros comunicadores, asegura que Sansores se refiere en privado a los periodistas como “mugrosos muertos de hambre”.
En agosto pasado, Martínez y otros dos periodistas fueron obligados por autoridades electorales a disculparse públicamente con la gobernadora, tras ser acusados de violencia política en razón de género por comentarios realizados en YouTube y Facebook. Desde entonces, el periodista porta un botón de pánico ante el riesgo constante que enfrenta.
El reportaje recoge el testimonio de un episodio ocurrido hace dos años, cuando Martínez fue interceptado por policías mientras circulaba con su familia. Lo que inició como una supuesta infracción por polarizado terminó con 20 patrullas, intimidación, intento de detención y el aseguramiento de su vehículo, hasta que la intervención de la Comisión de Derechos Humanos permitió su liberación. “Aquí te siembran droga o armas en cualquier momento”, afirma.
Universidades bajo presión
El clima de persecución no se limita a periodistas. El 12 de enero pasado, el entonces rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACam), José Alberto Abud Flores, fue detenido tras una acusación de portación de droga que él y su defensa califican como fabricada. Permaneció dos días recluido en el Cereso de Kobén.
En un mensaje público, Abud responsabilizó directamente al gobierno estatal de cualquier daño contra él o su familia y aseguró que la cocaína encontrada en su camioneta “fue sembrada”. Denunció además presiones para ceder patrimonio universitario y una intervención directa del gobierno en la vida interna de la institución, lo que calificó como una violación a la autonomía universitaria.
El caso provocó pronunciamientos nacionales. La ANUIES advirtió que lo ocurrido en Campeche envía un mensaje alarmante para todas las universidades del país. Su secretario general ejecutivo, Luis González Placencia, alertó que ningún rector está a salvo si mantiene una relación incómoda con el poder político local.
González Placencia confirmó además que la rectora de la Universidad Autónoma del Carmen, Sandra Laffon Leal, también ha denunciado presiones para que abandone su cargo, pese al respaldo de su Consejo Universitario.
Corte frena a Sansores
A esta ofensiva se suma un reciente revés judicial para la gobernadora. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una reforma impulsada por su administración que le permitía autorizar obras públicas de “gran impacto” sin consultar a los municipios. El fallo devolvió a los ayuntamientos su facultad constitucional para otorgar licencias y supervisar el desarrollo urbano.
Ni el carnaval se salva
El reportaje de EL UNIVERSAL documenta incluso la criminalización de la sátira política. En el carnaval de 2024, cuatro personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por usar botargas y máscaras de políticos estatales, entre ellos la propia Sansores. Los cargos: incitación al odio, apología del delito y ataques a la autoridad.
“El carnaval siempre fue espacio de burla política. Nunca antes se había penalizado”, explica el abogado Rafael Quintero, defensor de los acusados. “Aquí se usó toda la maquinaria del Estado para castigar la sátira”.
Periodistas bajo amenaza
Otros comunicadores narran agresiones físicas, campañas de desprestigio, procesos judiciales y cierre de fuentes laborales. Enrique Pastor Cruz relata que en 2023 una roca de seis kilos fue arrojada contra su parabrisas desde un puente. “Sabían exactamente dónde estaba”, afirma. Hoy, él y su esposa también cuentan con botón de pánico.
Para Jorge González, periodista acusado de violencia política de género, el mensaje es claro: “Aquí se gobierna con miedo. No sabes cuándo te van a fabricar un delito. La pregunta es: ¿quién sigue?”.
Un estado silenciado
El reportaje concluye que, detrás de la imagen de tranquilidad que proyecta Campeche, se ha construido un sistema de control político basado en la intimidación, el uso de fiscalías y tribunales, y el castigo a la crítica.
Bajo el gobierno de Layda Sansores, advierten las voces recogidas por EL UNIVERSAL, la censura y el miedo se han normalizado, mientras la libertad de expresión se reduce a un privilegio cada vez más escaso.
