Cancún, 4 de marzo.— No son 150, como se dijo en un principio, sino 750 serían los afectados por la red de corrupción detectada en la dirección municipal de Ingresos Coordinados, que bajo procedimientos ilícitos , despojaba de sus viviendas a ciudadanos de escasos recursos y las remataba, aseguró Reyna Arceo Rosado contralora del Ayuntamiento de Benito Juárez.
Aunque no precisó cuántos están involucrados, confirmó que los malos funcionarios quedaron separados de sus cargos y serán las instancias correspondientes las que determinarán qué tipo de sanciones recibirán.
Un par de días después de que la propia presidenta municipal María Elena Lezama Espinosa confirmó la operación de esa red de corrupción, que dio a conocer poco después de asumir la presidencia municipal, y reiteró que operaba desde administraciones anteriores, indicó que las investigaciones corroboraron que se cometieron cientos de procedimientos administrativos irregulares.
“No son 150, sino 750 los expedientes que se tienen sobre despojos con el mismo modus operandi. Ya están en suspensión 50 casos y a ocho se les reintegraron sus viviendas. Quizá algunos sí estén bien llevados, pero necesitamos que la ciudadanía se acerque y ratifique si el procedimiento en su contra se realizó correctamente, si no hay falsificación de firmas, falta de notificaciones, empleo de credenciales de elector de otras personas, entre otras irregularidades”, indicó.
En entrevista para Radio Fórmula, explicó que las víctimas de esta red de corrupción tenían un rezago en el pago del predial de cinco años o más, y por eso invitó a la ciudadanía que tenga dudas, a que se acerque a la dirección de Ingresos Coordinados, en la que colocaron a gente especializada para ofrecer atención.
“Para verificar si no hay un procedimiento ilícito en contra, el primer paso es que el predial esté a su nombre. Si estás al corriente en ese pago no estás en riesgo”, subrayó y dijo que precisamente así fue como varios afectados se dieron cuenta de este fraude.
“Cuando fueron a pagar el predial ya no estaba a su nombre, sino el de otra persona. Esa es una de las primeras señales de alerta. El otro es tener un adeudo de varios años”, reiteró y aclaró que la Dirección de Ingresos Coordinados tiene facultades específicas de realizar procedimientos administrativos, pero de acuerdo con la normatividad.
“Tenar adeudos de más de cinco u ocho años es motivo de que se inicia un procedimiento administrativo, pero lleva todo un proceso. Lo ideal es que la gente se acerque a verificar cómo está su situación. Para estar al corriente, se dan facilidades como, retirar recargos, ofrecer descuentos, pues el patrimonio es valioso. La obligación es ayudar al ciudadano”, añadió.
Respecto de las supuestas empresas involucradas, dijo que eso es ya un proceso externo, pues “nosotros como Contraloría nuestra facultad es proceder contra los funcionarios que cometieron un abuso de autoridad, lo que facilitó el procedimiento ilícito”.
“Hay un procedimiento administrativo contra los funcionarios involucrados y hemos integrado toda la documentación para turnar el caso a las instancias correspondientes, que determinarán qué tipo de sanciones se aplicarán”, precisó.
