Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó de corrupta a la Corte Penal Internacional (CPI) y ordenó sanciones contra cualquier funcionario del tribunal que procese a militares estadounidenses, en un momento que el tribunal estudia presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas en Afganistán.
En una orden Ejecutiva, Trump anunció que Estados Unidos va a bloquear las propiedades o activos de cualquier funcionario del tribunal de La Haya que esté involucrado en la investigación.
“Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado. En el texto, el gobierno estadounidense recordó que su país no forma parte del Estatuto de Roma y ha rechazado reiteradamente las afirmaciones de que la CPI tiene jurisdicción sobre el personal del país.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a los aliados de su país que la investigación también les concierne.
“Tengo un mensaje para varios aliados cercanos en todo el mundo, su gente podría ser la siguiente, especialmente aquellos países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán del lado de Estados Unidos”, agregó.
La CPI rechazó la decisión. En uncomunicado, afirmó que medidas como esas obstaculizan “nuestro esfuerzo común por combatir la impunidad y garantizar que se cumpla la obligación de rendir cuentas por atrocidades”.
El anuncio de Trump encontró respaldo en la voz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien afirmó que la CPI está “politizada”. “Su obsesión es llevar a cabo una caza de brujas contra Israel y Estados Unidos, así como contra otras democracias que respetan los derechos humanos, pero cierra los ojos ante los peores violadores de derechos humanos en el mundo, entre ellos el régimen terrorista de Irán”.
En cambio, el jefe de la Diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó su preocupación y afirmó que la corte “debe ser respetada y apoyada por todos los países”. La ONU también recibió con “preocupación” el anuncio.
La Casa Blanca también autorizó que se emitan restricciones de visas para entrar a Estados Unidos contra cualquier funcionario involucrado en eventuales procesamientos, lo que también afectará al resto de su familia.
El gobierno estadounidense revocó el año pasado la visa de la fiscal de la Corte, la magistrada Fatou Bensouda, buscando presionarla para que desistiera de investigar incidentes durante la larga guerra en suelo afgano. Los jueces habían rechazado lanzar la investigación, tras las amenazas de sanciones de Washington, pero en marzo el tribunal autorizó en una apelación la apertura de una investigación por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Afganistán.
La corte con sede en La Haya, fundada en 2002, basa su investigación en que sí tiene jurisdicción sobre el país. Bensouda desea examinar no sólo los supuestos crímenes cometidos desde 2003 por los soldados del Talibán y afganos, sino los que hubieran podido cometer las fuerzas internacionales, sobre todo las tropas estadounidenses. La fiscal también busca investigar acusaciones de tortura que pesan sobre la CIA.
El fiscal general de EU, Bill Barr, a su vez acusó a Rusia de “manipular” la CPI “para sus propios intereses”.
Trump ha emprendido una campaña contra instituciones multilaterales que considera que van en contra de los intereses de su país y recientemente anunció el retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusó de sesgo a favor de China frente al coronavirus y de no advertir a tiempo del riesgo real de la pandemia. EU es el país más golpeado.
El rol de la Corte ya había sido criticado por anteriores administraciones como el gobierno del presidente republicano George W. Bush (2001-2009), que alentó a los países miembros a cerrarla.
Su sucesor Barack Obama adoptó un tono menos belicoso, aunque sin adherir tampoco al Estatuto de Roma. El tribunal internacional enfrenta una crisis profunda en un momento en que varios países de África cuestionan al organismo e ingnoraron un mandato de detención internacional contra el expresidente de Sudán, Omar al-Bashir.
La ONG Human Rights Watch (HRW) indicó que la orden de Trump “demuestra un desprecio por el Estado de derecho global”. “Este ataque contra la CPI es un esfuerzo para impedir que víctimas de crímenes muy graves, ya sea en Afganistán, Israel o Palestina busquen justicia”, afirmó Andrea Prasow, directora para Washington de HRW.
