Compras simuladas, desvío de recursos, “liquidaciones” y finiquitos sin cubrir, deuda con proveedores, omisiones que impidieron la llegada de importantes recursos federales y el uso de las cuotas obrero-patronales para otros fines, forman parte del “coctel” de irregularidades cometidas en la administración de Julián Ricalde Magaña y que hoy tienen en el quebranto financiero al municipio de Benito Juárez con una deuda de casi $2,000 millones.
En esas irregularidades, algunas de las cuales ameritan ser denunciadas penalmente, están involucradas por lo menos 30 ex funcionarios, 12 de ellos “de alto rango”, según las investigaciones que hasta el momento ha realizado la administración de Paul Carrillo de Cáceres.
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En conferencia de prensa, el secretario general de la Comuna, José de la Peña Ruiz de Chávez, detalló en un primer “corte” de evaluación de la administración municipal las “graves irregularidades administrativas” cometidas en el trienio pasado. Señaló que del total de la deuda, $667 millones son de corto plazo.
De la Peña estuvo acompañado en la conferencia de prensa por los titulares de Contraloría, Alonso de Jesús Alonzo Rodríguez; Sindicatura, Guillermo Andrés Brahms González; Oficialía Mayor, Gabriela Rodríguez Gálvez; y Tesorería, Rafael Ponce Pacheco.
El expediente de irregularidades incluyen retenciones de préstamos a empleados no enteradas y también por sueldos y salarios, cuotas obrero patronales de seguridad social que no se cubrieron, pago atrasado del servicio de recolección de basura, demandas laborales en proceso, finiquitos y liquidaciones pendientes, entre otros.
José de la Peña detalló que los pasivos en esos rubros heredados de otras administraciones que se recibieron en el 2005 sumaban $32.077,442 millones. Al finalizar la administración de Gregorio Sánchez Martínez, en 2008, pesos se incrementaron a 36 millones de pesos, pero Julián Ricalde lo exponensió casi cuatro veces , al sumar 131.170,046 millones.
Además, debido a omisiones de la autoridad anterior, Benito Juárez perdió recursos federales de los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos por $57.429,247 millones que pudieron haber sido ejercidos entre agosto y diciembre de este año, y otros 25 millones del Fondo Metropolitano, que debían ser destinados al saneamiento del antiguo relleno sanitario, la adquisición de equipamiento para el Centro de Manejo de Residuos Sólidos y la construcción de la segunda fase del mencionado centro.
En materia de recursos federales, pese a que están etiquetados de acuerdo con las reglas de operación de cada rubro, se detectó un desvío del Ramo 33 y del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (Subsemun) por 5.712, 510 millones, que fueron utilizados indebidamente para la compra de útiles escolares.
Asimismo, reveló De la Peña, se defraudó a los trabajadores municipales con 11.8 millones, producto de descuentos de nómina para el pago de préstamos realizados a las empresas prestaciones FINMART S.A. de C.V., MetLife México, Deutsche Bank México y Deutsche Bank México (Causopago), que nunca recibieron los recursos y, por tanto, boletinaron ante el buró de crédito a los trabajadores que, por lo mismo, hoy tienen una calificación crediticia negativo.
Además, la administración municipal anterior dejó de pagar un total de 63 millones de pesos a las tres concesionarias del servicio de recolección de basura, Ecolimpia, Setasa y SAN, lo que derivó en un detrimento en dicha prestación y causó molestia de los habitantes de la ciudad.
En otro rubro, el análisis de las finanzas del gobierno anterior permitió detectar la adquisición ficticia de material eléctrico para alumbrado público como transformadores, cables, balastros, luminarias, entre otros, por $9.726,627 millones, que nunca fueron reportados en existencia, lo que pudo haber servido para brindar ese servicio en una colonia irregular del tamaño de Tres Reyes, por ejemplo.
Tampoco se reportaron al IMSS cuotas obrero patronales por más de 20 millones; no se cubrieron 16 millones al Infonavit y tampoco se enteró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la retención del I.S.R. de los empleados municipales por 88 millones de pesos.
También se dejaron de cunbrir finiquitos y liquidaciones por 2 millones de pesos, además de que hay demandas laborales en proceso por $107 millones, que sumados a la deuda de proveedores, resultan los más de 667 millones de pesos de adeudo a corto plazo.
José de la Peña puntualizó que la Contraloría Municipal realiza conforme a derecho la indagatoria de cada uno de los expedientes, por tanto serán llamados a comparecer a 12 funcionarios de alto rango y 32 directores de área, para el deslinde de las responsabilidades por cada caso de los anterior mencionados, con sanciones y consecuencias que van desde embargos a los bienes de los ex servidores públicos, inhabilitaciones o demandas penales en su contra.
