PLAYA DEL CARMEN, 20 de agosto.— “Es urgente frenar legalmente la venta de terrenos sin autorización y sin certeza jurídica, que afecta el derecho de las personas a acceder a una vivienda digna, con servicios públicos, vialidades, espacios comunes de recreación, entre otros”, afirmó el regidor Juan Novelo, quien agregó:
“Contra los vividores y estafadores debe recaer todo el peso de la ley”.
“Por ello, respaldaré las acciones que, conforme a derecho, emprenda la Secretaría de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Playa del Carmen contra esos vivales y defraudadores, a quienes se debe sancionar de manera oportuna y con todo el peso de la ley”, reiteró.
“Debemos erradicar los moches, las transas y la corrupción que está detrás de las invasiones, comandadas por líderes que se aprovechan de las necesidades de la gente”, aseveró.
“Es urgente la regularización y certeza jurídica de los predios, revisar la municipalización de los fraccionamientos, frenar el despojo de terrenos propiedad de personas originarias, a quienes se ha engañado y despojado. ¡Ya basta!”, expresó enojado.
Comentó que se trata de una problemática con muchas aristas, pues, por ejemplo, muchas personas compran de buena fe sus casas, se endeudan, y al final resulta que estas no cuentan con servicios públicos porque los fraccionadores no realizaron los trámites respectivos ante las instancias correspondientes, careciendo así de todo tipo de permisos y servicios.
“Otras personas invadieron terrenos, los fraccionan en lotes y los ofertan, aun cuando no tienen servicios públicos. Esto resulta en una estafa para los compradores, que carecen de agua potable, drenaje y suministro de energía eléctrica, entre otros, viviendo en condiciones indignas producto de un engaño”, indicó.
“Por ello, presenté una iniciativa al Cabildo Municipal para que las instancias municipales procedan conforme a derecho y se vaya resolviendo esta problemática, que tiene muchos frentes pero que deja grandes ganancias a vivales que se aprovechan de las personas de escasos recursos, de sus ahorros y de su buena fe, a quienes debemos apoyar”, enfatizó.
“Hay que revisar cada expediente y cada caso concreto a la luz de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y conforme a la normatividad aplicable. Proceder conforme a derecho, pero siempre apoyando a las personas de escasos recursos”, finalizó.
