Puerto Morelos, 21 de septiembre (Infoqroo).- El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Quintana Roo se prepara para una transformación significativa con la entrada en vigor de las reformas en materia anticorrupción, que convertirán la institución en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción (TJAA).
El magistrado presidente del TJA, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, afirmó que acatarán de manera institucional las decisiones derivadas de las reformas aprobadas por la Décimo Octava Legislatura, lo que implicará la renovación de los magistrados actuales.
El funcionario dijo que pese a que su nombramiento y el de otros magistrados estaban vigentes, no recurrirán a amparos para mantener sus cargos.
“Estamos en espera de que nos notifiquen. Siempre hemos sido institucionales, tengo más de 25 años en el servicio público y acataremos lo que la soberanía decida”, aseguró.
Añadió que es posible que algunos de los magistrados actuales formen parte de las ternas que la gobernadora Mara Lezama turnará al Congreso de Quintana Roo para integrar el pleno del nuevo tribunal.
Actualmente, el TJA está compuesto por cinco magistrados que serán cesados de sus funciones una vez que se implemente la reforma. Mientras tanto, Villalobos indicó que el tribunal sigue operando con normalidad y ya se están preparando los procesos de entrega-recepción.
En relación con los casos de desvío de recursos, Villalobos informó que el TJA ha manejado alrededor de 200 casos graves, de los cuales nueve están relacionados con la administración estatal 2018-2022. Estos procesos siguen en curso en las salas unitarias del tribunal, que cuentan con autonomía técnica para llevar los casos.
Villalobos Carrillo fue nombrado magistrado del TJA en enero de 2022, con un mandato de ocho años, y elegido como presidente del tribunal 14 días después de su designación. A pesar de haber sido ratificado para continuar su periodo hasta 2029, la reforma implica su salida junto con otros magistrados.
El magistrado concluyó reiterando su postura de respeto a las decisiones legislativas, afirmando: “Seremos institucionales y acataremos lo que la soberanía defina”.
