Cancún.- El Tren Maya, obra emblemática del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido declarado como un acto de ecocidio y etnocidio por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. La institución internacional, compuesta por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, determinó que el proyecto vulnera los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales de la comunidad maya del sur de México.
En su veredicto, el Tribunal señaló que el Tren Maya viola los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas. También se vulneran derechos como el acceso al agua como fuente de vida, el derecho a la salud integral y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, todos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
El Tren Maya, que se tiene previsto inaugurar en diciembre, ha estado rodeado de polémica debido a las denuncias de destrucción de la biodiversidad y del patrimonio cultural en la región del sureste de México. La obra contempla 1.554 kilómetros de vía para un tren turístico, de carga y pasajeros locales en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Las principales afectaciones identificadas por el Tribunal incluyen la contaminación de acuíferos, la deforestación con la tala de hasta 10 millones de árboles, la extinción de flora y fauna, y la destrucción de cenotes.
El veredicto también denuncia la falta de consulta a las comunidades originarias para que el Tren Maya atraviese sus territorios, así como la militarización de la región para supervisar el proyecto.
El Tribunal hace un llamado al Gobierno mexicano a realizar una auditoría independiente, en colaboración con las comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra, reparar y restaurar los ecosistemas afectados, y suspender la expropiación de tierras ejidales.
El veredicto será entregado a Andrés Manuel López Obrador y a diversas instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
El fallo del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza representa un importante llamado de atención para proteger el medio ambiente y respetar los derechos culturales de las comunidades afectadas por grandes proyectos de desarrollo.
