Pese a que un juez federal ordenó tomar medidas para evitar contagios de Covid-19 en el asilo El Consuelo, en Mexicali, Baja California, nada evitó que las 16 personas de la tercera edad que allí vivían y los siete empleados que los atendían contrajeran la enfermedad.
Luego de que los familiares de una de las residentes del asilo tramitaron un amparo para exigir protocolos de prevención y atención inmediata por la emergencia sanitaria, los dueños del lugar decidieron realizar pruebas en un hospital privado.
El juez Tercero de Distrito en el estado de Baja California concedió una suspensión para que se aplicaran dichos protocolos preventivos y se diera toda la atención médica a la quejosa.
Además, instó a las autoridades estatales a que le realicen la prueba para diagnosticar el Covid-19.
En cumplimiento a las medidas ordenadas por el juez de Amparo, la Secretaría de Salud estatal acudió el pasado 29 de mayo a revisar a los empleados y personas de la tercera edad del asilo y confirmó dos casos sospechosos de Covid-19 y afirmó que acudiría a dar seguimiento el 2 de junio.
Sin embargo, el hospital privado que realizó las pruebas confirmó los 23 contagios, razón por la que desde el 1 de junio el asilo permanece cerrado y los residentes fueron enviados a sus casas o a cualquier otro lugar donde puedan permanecer, sin protocolos para prevenir más contagios ni darles seguimiento.
Aunado a esto, las autoridades del municipio indicaron carecer de competencia para establecer protocolos o medidas para evitar contagios en el asilo.
Según las constancias judiciales, el ayuntamiento de Mexicali informó al juez que no cuenta con “personal especializado y capacitado y que no puede desplegar un protocolo o medidas de seguridad ante una contingencia sanitaria como la que enfrenta-mos actualmente”.
De igual modo, Desarrollo Social Municipal detalló que no cuenta con las atribuciones requeridas para evitar contagios y negó haber incurrido en omisiones que pusieran en riesgo la salud de la quejosa dentro del asilo El Consuelo.
“La autoridad que represento no cuenta con atribución alguna para dictar medidas para la atención de las personas de la tercera edad que se encuentran internadas en la casa de asistencia El Consuelo”, señaló la directora del organismo descentralizado, Alejandra María Ang Hernández.
En ese sentido, Guillermo Rivera, abogado de la quejosa, informó que ayer presentó una ampliación de la demanda para acreditar que hubo responsabilidad por parte de las autoridades del estado en el contagio entre todos los residentes y trabajadores de la casa de asistencia.
Esto, debido a que para cuando el asilo notificó el cierre de sus puertas la mayoría de los familiares de los adultos mayores no sabían que estaban contagiados, por lo que todos están en riesgo.
En su edición del domingo pasado, EL UNIVERSAL informó que el gobierno federal sólo tiene control sanitario de 1.2% de las casas de asistencia para adultos mayores en el país, pues el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sólo atienden 10 asilos de los 819 que existen.
Sin embargo, de acuerdo con la estructura del Inapam, sólo permite revisiones a los asilos estatales privados, como El Consuelo.
En ese sentido, de acuerdo con Ana Luisa Gamble, directora de atención geriátrica del Inapam, la última revisión realizada fue a 300 asilos de 15 estados del país durante el periodo de septiembre a diciembre de 2019.
Aseguró que desde el instituto se mantienen en contacto con las casas de asistencia, con el fin de resolver dudas sobre el protocolo establecido para evitar contagios de Covid-19.
