A medida que la pandemia avanza, las normas de sanidad y cuestiones relativas a la COVID-19 se vuelven más cotidianas, tanto, que se convierte en un tema común entre los menores de entre seis y 11 años de edad, que ya opinan sobre su vacunación en un momento en el que 32 por ciento de los mexicanos no están dispuestos a aplicarse la dosis, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew.
Aunque la Organización Mundial de la Salud advirtió que la llegada del antídoto contra el coronavirus no garantiza su erradicación, señaló que sí representa un gran paso para evitar más contagios y muertes; sin embargo, la desinformación ha llevado a niños como Jorge, un jalisciense de 10 años de edad, a no querer aplicarse la dosis por temor a tener efectos secundarios.
“No (me quiero poner la vacuna) porque me puede hacer muy mal”, dijo. Su madre, Cecilia Castro, reveló que ella no forma parte de ningún movimiento antivacunas, contrario a su hermana, quien compartió con su hijo ideas en contra de las dosis.
“Mi hijo piensa que le van a salir más manos o que se va a morir si se la pone. Creo que es irresponsable difundir ese tipo de datos sin tener un sustento y más frente a los niños porque absorben todo lo que uno les dice”, mencionó.
Para la ONU, los menores deben ser vacunados, incluso si los padres no quieren, pues representa un derecho humano, además de ser necesario para evitar epidemias.
Autoridades federales han señalado que la vacuna contra la COVID-19 es voluntaria. El Senado aprobó, en diciembre pasado, un decreto que obliga a padres y tutores a aplicar a los menores todas las dosis del programa universal.
Cabe recordar que, en 2018, sólo 34 por ciento de los niños de 24 a 35 meses tenía todas las vacunas recomendadas para su edad y 6 por ciento no había recibido ninguna, mientras que para los niños de hasta un año, se logró aplicar el esquema completo de vacunación a 90 por ciento, según la Unicef.
Para la pediatra, Luisa Ávila, estos datos son preocupantes, pues ya se tuvo un repunte de sarampión, luego de 20 años, por la falta de “responsabilidad colectiva”.
