El fin de semana pasado ocurrieron dos hechos, contrastantes entre sí, que ponen en evidencia, colocan en el ojo del huracán a la justicia mexicana o a la justicia a la mexicana.
Primero fue aprehendido en el aeropuerto de Madrid, España, el ex presidente nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por delitos como lavado de dinero, corrupción y malversación de fondos, por los que puede alcanzar hasta seis años de cárcel.
Moreira es el protagonista central del escándalo de corrupción más importante y vergonzoso de la era del ciberespacio en México. Públicamente no se conocía algo así desde los tiempos de Arturo “El negro” Durazo en la década de los 80, que orilló al gobierno de Miguel de la Madrid a implementar la denominada renovación moral y a crear la Contraloría de la Federación, aquella que en la administración de Vicente Fox cambió de nombre por el de la Secretaría de la Función Pública con la promesa de que atraparía a tiburones, la misma que Felipe Calderón congeló supuestamente por razones presupuestales y que dos años después de iniciado su administración revivió Enrique Peña para lavarse la cara ante el escándalo de la llamada casa blanca en el que se vio involucrado.
El encarcelamiento de Moreira anuló el impacto positivo que representó a nivel internacional la recaptura del “Chapo” Guzmán y volvió a llenar de vergüenza, si es que aún la tienen, a los altos círculos de la política mexicana que protegió a uno de los suyos y que, exonerado como lo fue por la PGR, trasladó su residencia a España para disfrutar su riqueza.
Pocas horas después, en Cancún se cumplió a rajatabla una orden judicial que reconoce los derechos de un grupo de empresarios para rellenar predios en el malecón Tajamar antes de que se venza el plazo de diez años de los permisos expedidos por la federación a principios de 2006, un año antes de que se aprobara una ley que protege al mangle.
La devastación que denuncian los grupos ambientalistas no se dio el fin de semana pasado, cuando se rellenaron los predios. Ocurrió a mediados, pues en 1994 arrancaron los trabajos de urbanización de esa zona que consistió en abrir las calles con las que cuenta actualmente y a tender sobre ellas el material de relleno sobre el cual años después de colocó el concreto estampado que luce.
Nadie protestó entonces, como nadie protesta con la devastación de hectáreas completas que se da actualmente en la Riviera Maya.
La resolución judicial que permitió el relleno de predios devastados antes de la ley que protege al mangle se circunscribe dentro del ámbito de la legalidad, pero con razón no se le da valor, no se cree en esa legalidad justamente por la ley siempre se tuerce para favorecer al poderoso, como queda en evidencia con el caso de Moreira.
Entre todos debemos trabajar en una cultura en la que la aplicación de la ley deje satisfechos a todos, en la que los Moreira encuentren la cárcel y no becas de ensueño como la que gozaba el ex gobernador. ¿Seguirá alguien más?
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