Las autoridades no cumplen con las recomendaciones del Ombudsman nacional por violaciones graves de derechos humanos.
De acuerdo con el Informe de Actividades que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó recientemente, las cuatro recomendaciones emitidas entre 2011 y 2015 fueron
aceptadas por las autoridades tanto federales como locales, pero ninguna se ha cumplido por completo.
La recomendación 3VG (violaciones graves), girada en noviembre de 2015 por los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, señala a la Policía Federal por la ejecución extrajudicial de una persona y el uso excesivo de la fuerza en contra de otras cinco, lo cual provocó sus muertes.
La investigación también incluye las detenciones arbitrarias de 10 personas y lesiones innecesarias contra cinco otras. Pese a que la recomendación fue aceptada por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Gobierno de Michoacán y la Presidencia Municipal de Apatzingán, ninguna institución ha presentado pruebas de cumplimiento, según el informe.
Entre las recomendaciones se solicitó presentar denuncias ante PGR, las contralorías internas de las corporaciones y la Procuraduría de Justicia Militar, para perseguir a los responsables de los abusos.
También se contempla reparar el daño hecho a las víctimas y sus familias, a través de compensaciones, atención psicológica, médica y tanatológica.
Las otras tres recomendaciones presentan pruebas de cumplimiento parcial, con omisiones en los procesos penales y administrativos en contra de las autoridades responsables.
La recomendación 2VG, dirigida al Gobierno de Puebla, documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública contra pobladores de Chalchihuapan, en julio de 2014, lo cual resultó en la muerte de un niño de 13 años.
Según la CNDH, cinco de los 11 puntos emitidos seguían sin cumplirse, en especial aquellos relacionados con la sanción penal y administrativa de los responsables.
En tanto, la 51/2014, que fue reclasificada como recomendación por violaciones graves de derechos humanos, refiere la ejecución extrajudicial de 15 personas por parte de personal militar en Tlatlaya, Estado de México.
El organismo informó, en junio pasado, que seguía pendiente el cumplimiento de la indemnización, atención médica y psicológica a las víctimas, así como la determinación ministerial y administrativa de los responsables de violaciones a derechos humanos.
La Sedena, PGR ni el Gobierno del Estado de México han acatado a totalidad las recomendaciones.
En tanto, la primera recomendación emitida por violaciones graves, señala a la Policía Federal y policías estatales por la ejecución extrajudicial de dos estudiantes normalistas en diciembre de 2011 en Chilpancingo, la detención arbitraria de 24 y la tortura de uno.
La CNS, así como el Gobierno y el Congreso de Guerrero, sólo han mostrado pruebas de cumplimiento parcial.
Las violaciones graves se determinan con base en su multiplicidad y magnitud, así como en la participación que haya tenido el Estado mexicano en los hechos.
