La recién aprobada Ley 3 de 3 que prohíbe a deudores alimentarios y violentadores de la familia ocupar un cargo público, podría aplicarse por primera vez en Quintana Roo, de manera especifica en el Ayuntamiento Benito Juárez, a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, Paola Moreno Córdova.
¿Por qué? Porque está acusada por Daisy Sarai Toboada de ejercer violencia contra ella y su menor hija, debido a un problema derivado de terceras personas, o sea, en el proceso de separación que tiene Paola Morena y el exdiputado Emiliano Ramos Hernández.
La ley 3 de 3 señala que “se les suspenderán sus derechos a quienes tengan una sentencia firme por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.”
Pues bien, en el proceso de divorcio, los bienes acumulados por el entonces matrimonio Ramos-Moreno, deben ser divididos en partes iguales (50-50) y en una de las propiedades que le corresponden a Paola, vivía la hija menor de edad de Emiliano que tuvo con Daisy Sarai, y sin respetar el Derecho Superior de la Niñez, mandó a desalojarla.
La madre de la menor acusó que el proceso está viciado, tan es así, que el pasado 30 de mayo, la funcionaria acompañada por policías municipales llegaron a la vivienda para iniciar el desalojo. Su hija y ella fueron amenazadas por los policías y la propia funcionaria, quien argumenta que necesita la casa porque ella vive en una propiedad pequeña donde duerme en una misma cama con sus tres hijas.
Ante estos hechos, Ludivina Menchaca Castellanos, presidenta del colectivo “50+” respaldó la denuncia de Daisy Taboada y su hija, adelantando que pedirá a la alcaldesa Ana Patria Peralta, que aplique la Ley 3 de 3, en la cual prohíben que violentadores y deudores alimentarios participen en la función pública.
“La ley debe aplicarse de forma pareja, no es exclusiva para los hombres, de tal suerte, que la autoridad municipal debe removerla del cargo, además que abusando de su nombramiento también ejerce tráfico de influencias”. Ahí se las dejo…
SASCAB
Santiago Creel Miranda, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “una Controversia Constitucional en contra del nuevo decreto del Presidente que busca que ciertas obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional, y con ello negar la información a que tienen derecho todas y todos los mexicanos”.
Su argumento ante la SCJN es porque gobierno federal busca negar a todas y todos los mexicanos la información a la que tienen derecho, sobre la construcción del Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. Al tiempo…
