Ciudad de México, 31 de octubre de 2024
La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, reconoció las tensiones internas generadas por los “superpoderes” que le otorgan las leyes reglamentarias de la reciente reforma judicial. A pesar de las discrepancias entre los consejeros, Taddei se mostró optimista respecto a la posibilidad de resolver los conflictos, destacando la naturaleza colegiada del Consejo General.
El nuevo marco legal permite que la presidenta del INE nombre a directores y titulares de unidades sin la aprobación de los ocho votos requeridos anteriormente, lo que ha generado preocupación entre varios consejeros. El martes, seis de los once integrantes del Consejo General aprobaron presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revocar dichas facultades.
Defensa de los “superpoderes”
Taddei defendió estas nuevas facultades al señalar que, en su opinión, no existen argumentos sólidos para impugnarlas mediante una controversia institucional. “No hay ningún conflicto en un consejo que no sea capaz de resolverse”, expresó, refiriéndose a la independencia de cada consejería.
En cuanto al presupuesto de 13 mil millones de pesos para el próximo proceso electoral, Taddei explicó que todos los recursos están asignados a atribuciones constitucionales. No obstante, señaló que el monto podría requerir ajustes debido a un aumento en las demandas de amparo en contra de la reforma judicial.
Respuesta de Gutiérrez Luna
El legislador morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien impulsó elevar los “superpoderes” de la presidenta del INE a rango constitucional, rechazó que su iniciativa profundice el conflicto interno. Gutiérrez argumentó que la propuesta simplemente ratifica lo ya aprobado por el Congreso y desestimó las críticas sobre la celeridad con la que los Congresos locales están avalando la reforma.
Gutiérrez también calificó de “aberración jurídica” el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara, que será discutido en la SCJN, señalando que este cuestiona la constitucionalidad de la elección de jueces y magistrados.
El conflicto entre las distintas facciones del INE y el Poder Legislativo destaca las tensiones alrededor de la reforma electoral y el control del organismo en un momento crucial para la democracia mexicana. La resolución de la SCJN será clave para definir el alcance y la legitimidad de las facultades de la presidencia del INE.
